La administración Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria.
Mientras continúa la disputa por la ciudadanía por nacimiento, el gobierno ahora se enfoca en los aeropuertos y consulados para combatir el llamado «turismo de parto».
La estrategia busca endurecer los controles antes de que las personas que las autoridades sospechan que viajan principalmente para dar a luz puedan entrar al país.
¿Hasta dónde pueden endurecerse estos controles sin convertir el embarazo en un motivo automático de sospecha?
La disputa por la ciudadanía abre otro frente en los controles migratorios
La disputa política y legal por la ciudadanía por nacimiento abrió un nuevo escenario en Estados Unidos.
La ciudadanía por nacimiento, protegida por la Decimocuarta Enmienda, continúa en el centro de una intensa batalla política y judicial.
Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump ha puesto el foco en los visados y los controles de entrada al país.
El objetivo es combatir el llamado «birth tourism» o «turismo de parto».
Mientras la ciudadanía por nacimiento continúa en el centro de la disputa, el gobierno puede actuar en otro momento del proceso: antes de que una persona entre al país.
La estrategia busca impedir la entrada de personas cuando las autoridades consideran que el propósito principal del viaje es dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé.
De esta manera, el conflicto se traslada a los consulados y los puntos de entrada a Estados Unidos.
Y ahí aparece un problema mucho más complejo.
No todas las mujeres embarazadas que viajan al país lo hacen por el mismo motivo.
El marco legal del embarazo y los matices del viaje
Para entender el impacto de esta ofensiva, es importante conocer las leyes actuales con más detalle.
Estar embarazada no impide automáticamente solicitar una visa o viajar a Estados Unidos.
Una persona puede solicitar viajar al país para recibir atención médica, siempre que cumpla con los requisitos migratorios aplicables.
Para hacerlo, debe cumplir con los requisitos consulares y demostrar, entre otras condiciones, que cuenta con los recursos necesarios para pagar los gastos médicos.
El problema surge cuando las autoridades consideran que el propósito principal del viaje es dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé.
Según los reportes, el Departamento de Justicia ha pedido prestar especial atención a posibles casos de fraude y declaraciones falsas relacionadas con estas prácticas.
La atención también se concentra en posibles mentiras sobre el propósito del viaje y en organizaciones que ayudan a ocultar información o cometer fraude migratorio.
Estar embarazada no significa automáticamente que una persona esté intentando cometer fraude.
Pero las autoridades pueden revisar con mayor atención las circunstancias del viaje cuando sospechan que el verdadero objetivo es aprovechar la ciudadanía por nacimiento.
Y es precisamente ahí donde comienza la parte más difícil de aplicar estos controles.
La delgada línea de la sospecha
El endurecimiento de estas medidas también plantea dudas sobre su impacto en las mujeres que viajan por motivos legítimos.
El problema más claro es que pueden surgir falsos positivos.
Mujeres que viajan para visitar a sus familiares o recibir atención médica podrían enfrentar un mayor nivel de escrutinio.
También pueden surgir situaciones mucho más difíciles de evaluar.
Una mujer puede entrar al país sin tener inicialmente la intención de dar a luz, enfrentar una emergencia médica durante el viaje y necesitar atención en un hospital estadounidense.
O puede viajar para visitar a su familia cuando se encuentra en una etapa avanzada del embarazo.
El desafío está en evitar que el embarazo, por sí solo, se convierta en una señal automática de fraude migratorio.
Las autoridades tienen herramientas para investigar declaraciones falsas y posibles redes comerciales que ayudan a cometer fraude.
Pero aplicar controles más estrictos también exige diferenciar entre quienes intentan engañar al sistema y quienes tienen razones legítimas para viajar.
El endurecimiento de los controles deja una pregunta difícil de resolver.
¿Cómo pueden las autoridades perseguir el fraude migratorio sin convertir el embarazo en una señal automática de rechazo o vigilancia?
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