El miedo es algo que se siente todos los días en muchas comunidades inmigrantes de Estados Unidos.
En los últimos meses, algunos agentes del ICE han realizado operativos con máscaras y sin una identificación claramente visible.
Esto hace que muchas personas no sepan con certeza quién está frente a ellas.
Los gobiernos de varios estados están preocupados por esta situación y quieren que los oficiales muestren su identificación de manera clara durante los operativos.
¿Hasta dónde pueden llegar los estados para exigir mayor transparencia en los operativos migratorios federales?
El miedo de las comunidades inmigrantes
La imagen de oficiales federales armados y con pasamontañas durante operativos en barrios residenciales es muy estresante para muchas personas que quieren salir adelante en el país.
Los que defienden estas tácticas dicen que las máscaras protegen la identidad y la seguridad de los agentes.
Sin embargo, sus críticos aseguran que también pueden generar intimidación, confusión y desconfianza.
Si no se ve el nombre, la placa o la cara, la gente se siente vulnerable.
No sabe si está frente a un verdadero agente federal o un impostor.
Esta falta de transparencia en algunos operativos ha llevado a varios estados a proponer cambios en las reglas.
Algunas iniciativas buscan que los oficiales tengan el rostro visible o una identificación clara que la gente pueda reconocer.
Otras intentan limitar la ayuda que las policías locales brindan a las autoridades migratorias federales.
También existen propuestas para proteger los datos personales de los residentes y evitar que sean utilizados en operativos migratorios sin las garantías correspondientes.
Las tres medidas que buscan limitar estos operativos
Las legislaturas estatales están trabajando en diferentes líneas de acción para frenar lo que consideran tácticas de intimidación desmedidas.
La primera busca limitar el uso de máscaras o capuchas durante determinados operativos y exigir que los oficiales lleven una identificación visible de la agencia para la que trabajan.
Las condiciones y excepciones cambian según cada estado, pero el objetivo es aumentar la transparencia durante los procedimientos.
La segunda línea de acción busca establecer límites entre las funciones de la policía local y las autoridades migratorias federales.
Algunos estados quieren limitar determinadas formas de cooperación de los oficiales locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en asuntos migratorios civiles.
También existen iniciativas para aumentar la protección de lugares sensibles como escuelas y hospitales.
La tercera medida se enfoca en proteger la privacidad.
Algunos estados buscan limitar el acceso o uso de los datos de las licencias de conducir y otros registros públicos para la aplicación civil de las leyes migratorias.
Un choque de poderes que puede terminar en los tribunales
Estas iniciativas han abierto un conflicto entre los gobiernos estatales y la administración federal.
Estados como California, Washington, Oregón, Maryland, Nueva Jersey, Connecticut, Virginia e incluso el New York government han impulsado leyes o propuestas relacionadas con alguna de estas áreas.
Quienes apoyan estas iniciativas dicen que su objetivo principal es proteger los derechos civiles de todos los habitantes.
También quieren evitar que criminales engañen a la gente usando uniformes falsos y mantener la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local.
Por su parte, el gobierno federal sostiene que los estados no pueden interferir con las funciones y operaciones legítimas de las autoridades federales.
Mientras estas diferencias comienzan a llegar a los tribunales, inmigrantes de todo el país esperan conocer cuál será el resultado.
Lo que se decidirá no es solo la forma en que el gobierno de Trump y el ICE realizan determinados operativos.
La pelea también determinará algo mucho más grande: hasta dónde llega el poder de los estados para limitar, condicionar o resistir una política migratoria impulsada desde Washington.
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