En Estados Unidos, las estafas relacionadas con servicios migratorios se han convertido en un problema que afecta a miles de familias.
Una abogada de Washington ofrecía soluciones para casos que muchas personas creían imposibles de resolver, despertando una esperanza que algunas familias inmigrantes llevaban años esperando.
Decenas de personas le confiaron sus casos, sus ahorros y el futuro de sus familias.
Ahora, su firma está cerrada, su licencia fue entregada y muchos de sus clientes viven con incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con sus expedientes.
¿Cómo es que esta historia terminó así?
Cómo es que el sueño americano termina en una pesadilla
Las estafas de servicios migratorios son una historia que se repite y que viene afectando a comunidades inmigrantes en todo el país.
Los expertos advierten que muchas víctimas ni siquiera denuncian por miedo, por lo que el alcance del problema podría ser mayor de lo que muestran las cifras oficiales.
Dentro de ese panorama surge el caso de Alexandra Lozano.
La firma que dirigía en Washington se convirtió en una referencia dentro de las comunidades inmigrantes latinas.
Prometía soluciones que otros abogados descartaban y tenía una fuerte presencia en las redes sociales.
Pero su firma cerró el 10 de junio y el colegio de abogados correspondiente confirmó que Lozano entregó su licencia de forma voluntaria.
Lo que varias demandas e investigaciones alegan es que la firma habría presentado relatos de abuso doméstico, trata o violencia en nombre de algunos clientes que supuestamente desconocían el contenido de las solicitudes o no tuvieron contacto real con un abogado especializado.
Ahora, muchos de esos inmigrantes se encuentran con un panorama desolador. Sus expedientes están siendo examinados con más atención y algunos han comenzado a sospechar que algo no cuadraba en la documentación presentada en su nombre.
Muchos se encuentran hoy en una situación más difícil que antes: sin dinero y dentro de un proceso legal aún más complejo.
Cómo habría funcionado el esquema
Según las discusiones planteadas en varias demandas civiles y los testimonios de algunos exempleados, la firma de Lozano habría operado como una especie de línea de ensamblaje entre trabajadores de Colombia, México y Argentina.
Decenas de inmigrantes creían estar más cerca de regularizar su situación en Estados Unidos, pero algunos demandantes sostienen que fueron atendidos por personas que no contaban con las credenciales que esperaban al contratar los servicios.
Rafael Álvarez, quien trabajó para la firma entre 2022 y 2024, declaró que se le habría pedido añadir información sobre supuestos abusos porque algunos casos no reunían los requisitos para las visas humanitarias que se solicitaban.
Lozano se especializaba en visas contempladas en la Ley de Protección a Víctimas de Tráfico y Violencia y en la Ley de Violencia contra la Mujer, programas diseñados para proteger a víctimas reales.
La evidencia en este tipo de casos suele evaluarse con estándares más flexibles, lo que, según abogados especializados, puede aumentar el riesgo de que algunas personas sean vulnerables a prácticas migratorias indebidas.
El abogado defensor de Lozano, Angelo Calfo, afirmó que los clientes tenían la responsabilidad de revisar sus solicitudes antes de firmarlas y los responsabilizó de cualquier declaración incorrecta.
Varios demandantes, sin embargo, aseguran que firmaron documentos en blanco o que nunca revisaron por completo la información que se presentó en su nombre.
Lo que puede ocurrir con los afectados
Según el Colegio de Abogados del estado, el bufete tenía más de 53 000 casos pendientes.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) están investigando el fraude cometido por el bufete, según los correos electrónicos obtenidos por Associated Press.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha hecho comentarios sobre el caso.
Los afectados se encuentran ahora en una carrera contrarreloj. Cientos de antiguos clientes han buscado ayuda de abogados voluntarios en Washington y Oregón durante los últimos días para entender qué ocurre con sus expedientes y cuáles son sus opciones.
Vicente Omar Barraza, abogado de una de las demandas por negligencia profesional, advirtió que muchas personas podrían haber perdido la oportunidad de convertirse en residentes.
Se ha presentado una demanda colectiva contra la empresa para reclamar el reembolso de las costas judiciales, mientras que otra se centra en presunta negligencia profesional.
Según Lozano Civil Action, las personas que logren demostrar que desconocían la información presentada en su nombre podrían intentar corregir sus expedientes, aunque se trata de un proceso complejo y que puede llevar mucho tiempo.
El caso Lozano no es solo la historia de una firma que presuntamente prometió más de lo que podía garantizar.
También refleja hasta qué punto la desesperación de muchas personas por permanecer en el país puede volverlas especialmente vulnerables a quienes ofrecen certezas en procesos migratorios que, por naturaleza, suelen ser largos, difíciles e inciertos.