Al momento de poner precio al aire sucio, este dejó de ser una mera teoría económica abstracta para convertirse en la principal forma de regular los negocios del comercio internacional. Las presiones tributarias de los gobiernos y el terremoto del mercado de la energía hicieron que hacer pagar a las industrias por tonelada de CO2 que tiraban a la atmósfera fuera una de las herramientas de control ambiental más efectivas del milenio. Hoy, aproximadamente el 30 % de las emisiones planetarias de gases de efecto invernadero están sujetas a un costo directo a través de 87 políticas vigentes.
1. Ocho decenas de políticas y un mercado que se ha triplicado
El mapa de la regulación ya no es exclusivo del mundo rico. En este momento se cuentan 87 instrumentos vigentes entre Impuestos al Carbono y Sistemas de Comercio de Emisiones (SCE). La evolución es muy clara en la transición adoptada: a partir del 2016 hasta el presente, el volumen de gases mundiales sujetos por los SCE casi se triplicó, pasando del 8 % a más del 24 %.
Los impuestos clásicos se han mantenido relativamente estables, incorporando entre un 4 % y un 5 % del total. Este crecimiento reciente fue impulsado en un buen porcentaje por la entrada en aplicación de los nuevos sistemas nacionales en países poblacionales e industriales como India, Japón y Vietnam, mostrando que la regulación se está corriendo rápidamente hacia Asia.
2. Una cuantiosa cifra de más de US$100 000 millones
El costo de contaminar es cada vez más alto. Entre 2016 y 2026, el precio medio por tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) se duplicó a nivel global, pasando de US$10 a cerca de US$21. Este aumento en los precios hizo que la recaudación pública alcanzara cuotas récord. En el año 2025, la recaudación conjunta de los dos esquemas creció un 2 % interanual y terminó cerrando por encima de los US$107 000 millones.
La mayoría de esta recaudación fue a parar a las arcas de los países desarrollados. En Japón, por ejemplo, el dinero recaudado a través de su nuevo sistema (el GX-ETS) tiene un destino predefinido: se transfiere directamente a un fondo estatal donde financiar proyectos de transición energética limpia e innovación tecnológica.
3. De cobro local a fronteras internacionales
El tablero dio un salto de escala fundamental cuando se activó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Emisiones de Carbono (CBAM) de la Unión Europea. Aunque por el momento cubre menos del 0,5 % de los gases globales, su impacto político y comercial es descomunal.
Cobrándoles una tasa de carbono a los productos que entran a Europa desde los países con escasas regulaciones, el bloque comunitario forzó al resto del mundo a igualar. Un dominó: economías emergentes pesadas como la brasileña o la turca aceleraron el desarrollo de sus propias leyes de precios al carbono para no perder competitividad cuando exportan esos productos.
4. Baches en la compra de créditos voluntarios, pero crecieron las compras a futuro
No todo fue un camino recto. El mercado de créditos de carbono (en otras palabras, aquel donde las empresas sustentan la compra de «certificados» que son los que hacen posible la financiación de los proyectos ambientales para compensar lo que generan) pasó por momentos desdeñosos. El volumen de los créditos de carbono que se retiraron durante 2025 para compensar las emisiones se redujo un 10 % (230 millones de toneladas de CO2).
Sin embargo, las empresas están jugando a largo plazo. En 2025, las transacciones de compra anticipada de créditos a futuro aumentaron hasta los US$12 000 millones, es decir, el triple que en 2024. La tendencia, en este caso, muestra que las corporaciones no compran cualquier certificado: son firmes en exigir auditorías de alta integridad y notas de agencias externas para dejar de lado acusaciones de lo denominado «lavado verde».
¿Te ha servido este artículo?
Recibe cada semana lo que de verdad importa
Análisis de energía, clima y naturaleza en tu correo. Gratis y sin spam.
