El legislador se pronunció en medio del debate sobre la Permitting Reform o Reforma de Permisos, y pidió al Congreso apoyar el proyecto que busca cambiar el actual sistema de revisión ambiental de los proyectos energéticos para evitar su estancamiento y acelerar el crecimiento de la industria.
La clave para el repunte energético: la Permitting Reform
En un momento clave para la reconfiguración del panorama energético, propiciado por el boom del consumo eléctrico y los desafíos geopolíticos que limitan la comercialización del suministro fósil, la clase política estadounidense ve la oportunidad de destrabar miles de proyectos energéticos que podrían multiplicar la capacidad de generación local, y se quedaron en el camino debido a los exhaustivos requisitos federales, estatales y locales a los que deben atenerse.
La expansión masiva de los centros de datos en el interior del país y la electrificación del transporte son algunos de los factores que exigen a los líderes del sector público y privado ofrecer soluciones concretas que favorezcan el aprovechamiento del potencial energético. En esta línea, el Congreso afronta la tarea de discutir la Permitting Reform, un conjunto de cambios legislativos que buscan reducir la carga burocrática a los inversores.
El marco normativo actual, asentado sobre la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), aprobada en 1970, es señalado por imponer 3 obstáculos principales: tiempos prolongados para la realización de la evaluación ambiental (entre 4 y 7 años); el amplio margen de tiempo que garantiza a quienes deseen oponerse a las iniciativas mediante demandas que inician litigios prolongados; y el costo financiero que representan las demoras administrativas.
Asimismo, se trata de un sistema que perjudica, en igual medida, a proyectos fósiles y renovables, por lo que la industria de las energías limpias también ve afectada su prosperidad. Frente al riesgo de que el país quede rezagado en la carrera tecnoenergética, una coalición bipartidista propuso realizar modificaciones para construir un ecosistema fiable y que aliente las inversiones.
Con el foco puesto en reducir los plazos máximos de revisiones a 1 o 2 años, acortar la ventana de tiempo para la presentación de amparos legales y facilitar la asignación de permisos para la construcción de vías de transmisión interestatales, la iniciativa coordinada por Joe Manchin y John Barrasso permanece estancada en el Congreso y suscita la discusión entre sus funcionarios.
El pronunciamiento de McCormick
En una jornada agitada, en la que reiniciaron las negociaciones por el pase del proyecto al Senado, Dave McCormick, republicano que representa a Pensilvania, subrayó la urgencia de aprobar la actualización para impulsar la industria energética nacional y consolidar el dominio energético de EE. UU. «¿Cuál es la clave no reconocida para el auge económico de EE. UU.? La reforma de permisos», afirmó.
Con las inversiones suficientes y el respaldo de la administración federal para el despegue energético, el dirigente aseguró que las condiciones están dadas para garantizar el curso exitoso de los proyectos, aunque la normativa actual representa «un estorbo» para estas aspiraciones. «El Senado tiene la oportunidad para eliminar los obstáculos que frenan el crecimiento estadounidense y lograr que el país vuelva a construir», sentenció.
En la misma línea, Brian Papp, integrante de NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos), calificó la reforma como «sumamente necesaria» de camino a solucionar la crisis energética por el aumento del consumo. De cara a 2050, la entidad prevé que la demanda eléctrica ascienda un 55 %, por lo que se requieren garantías para estimular la inversión en nuevos proyectos.
¿Cómo continúa el debate?
Medios locales como Político anticiparon que, a pesar de haber recibido respaldo en el Comité de Energía, la iniciativa no avanzará hacia el recinto del Senado por la negativa de los demócratas a acceder a la votación antes de las próximas elecciones. Según revelaron, el colapso del acuerdo se produjo luego del rechazo a aceptar concesiones en materia de combustibles fósiles y el debilitamiento de la protección ambiental.
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