El National Consumer Law Center (NCLC) emitió un nuevo informe en el que analiza los puntos débiles del sistema de financiamiento actual para la contratación de energías limpias en los grupos con menores ingresos. El organismo advirtió sobre el riesgo de sobreendeudamiento y la desprotección de los usuarios de un sector de servicios que está en pleno desarrollo.
1. El alto costo de las fuentes renovables pone en peligro el patrimonio inmobiliario
Pese al retroceso en los proyectos de energías renovables, en parte provocado por el retiro de beneficios fiscales al rubro tras el retorno de Donald Trump al poder, la industria de las energías limpias resiste a los embates del devenir económico del país. En particular, la producción y venta de paneles solares se encuentran entre las principales áreas en crecimiento, según estadísticas recientes de EDF y Altas Public Policy.
Asimismo, la Federación Nacional de Vida Silvestre reportó que, en plena ola de calor, los sistemas fotovoltaicos tuvieron un rendimiento destacable que respaldó la alta demanda de consumo eléctrico, junto con la energía eólica. Y, aunque se trata de alternativas que cada vez ganan más terreno fuera del ámbito industrial, con iniciativas de instalación doméstica, el NCLC puso la lupa en los programas de financiación que son ofrecidos a los grupos familiares para disfrutar de estas fuentes.
El estudio consideró el caso de los clientes de servicios públicos que acuden a contratistas e intermediarios privados que, operando bajo desregulación, ofrecen préstamos con respaldo de empresas que se encargan del seguimiento posterior de los cobros, a tasas riesgosas. De esta manera, el usuario acaba comprometido en una deuda que le es difícil de afrontar, y arriesga otros bienes ante la falta de pago.
El NCLC señaló el funcionamiento de los esquemas de créditos PACE, que cobran lo adeudado a través de un impuesto inmobiliario, lo que podría derivar en embargos o ejecuciones hipotecarias. En esta misma línea, advirtió sobre la perdurabilidad de la deuda vinculada a la vivienda, que podría comprometer a inquilinos en el futuro en caso de que el prestatario original se haya mudado.
2. El caso de las promesas de ahorro no cumplidas
Otro de los aspectos cuestionados por el organismo es el de la falta de respaldo para afirmar que los métodos garantizarán el ahorro energético y la reducción de la factura de servicios, 2 de los beneficios más promocionados en las campañas publicitarias del sector. En consecuencia, muchas familias corren el riesgo de acumular el gasto promedio en electricidad con la deuda contraída.
Como antecedente importante, puede citarse el caso de la empresa Cam Solar Inc., que fue procesada judicialmente por orden del fiscal general de Texas, Ken Paxton, por fraude, tras incumplir con la eficiencia y el ahorro prometidos a sus clientes. El caso estalló tras un acumulado de 100 denuncias que echaron luz sobre la situación.
3. Altas tasas de interés y cargos ocultos
La causa contra Cam Solar Inc. develó la existencia de tasas de interés ocultas en el contrato del servicio, que también fueron citadas por el NCLC. Asimismo, el centro señaló que los elevados intereses se solapan con la ausencia de verificaciones de los ingresos del usuario, lo que facilita el endeudamiento en los hogares de menores ingresos.
4. Riesgo de interrupción del suministro
Por último, el organismo aludió a la posibilidad de que, ante la falta de pago, se restrinja el acceso de la vivienda a la red, ya que las cuotas por el sistema de energía limpia van incluidas en la factura mensual de la luz o del gas. De esta manera, la negativa a responder por sus costos se traduciría en la falta de voluntad para saldar la deuda general de electricidad.
Como resultado de la investigación, NCLC hizo un llamamiento a implementar medidas concretas para proteger a los consumidores, que incluyen el acceso de los usuarios de bajos ingresos a programas de energía limpia que no tengan estructura de préstamo; eliminar la desconexión como «medida correctiva» ante la falta de pago; reforzar los controles de calidad y regular el «marketing abusivo».
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