La administración del presidente Donald Trump ha presentado un significativo plan de debilitamiento de las regulaciones federales que obligaban a las empresas de petróleo y gas a controlar los mortales escapes de metano. Fue en un acto oficial, en Lubbock, Texas, donde la administración dio a conocer la propuesta para eliminar las normas en el ámbito federal que incluye el plan de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). Según el administrador Lee Zeldin, se trató de la mayor propuesta de derogación regulatoria de la historia del país, generando ahorros para las empresas. A raíz de dicha propuesta, el Fondo de Defensa Ambiental (EDF) ha lanzado una advertencia diciendo que la no aplicación de estos controles significaría mayores niveles de contaminación.
Desmantelamiento de las protecciones y el programa de superemisores
La esencia concreta de esta nueva propuesta de Gobierno radica en desacreditar radicalmente los estándares ambientales de la administración Biden de 2023, que imponían a las empresas energéticas la modernización de su viejo parque de maquinaria o bien el control exhaustivo de su infraestructura para lograr reducir las fugas. En este sentido, la medida más alarmante de la EPA es la inminente anulación de la prohibición de la quema rutinaria de gas, permitiendo que las compañías quemen libremente el exceso de hidrocarburos en la atmósfera en lugar de capturarlo para su comercialización.
La eliminación de esta moratoria evidente ponía de manifiesto cómo el Gobierno, una vez más, puso precio a un ahorro evidente en la infraestructura privada en buena medida frente a la eficiencia energética nacional y la reducción de compuestos orgánicos volátiles que pueden resultar peligrosos para la salud pública. Paralelamente, el borrador de la nueva política contempla la eliminación absoluta del «Programa de Superemisores», un sistema de monitoreo que exigía a las corporaciones tomar acciones correctivas inmediatas cuando grupos de vigilancia independientes detectaban fugas masivas.
La cuestión de los pozos marginales y el cabildeo corporativo
Uno de los aspectos técnicos más discutidos de esta desregulación es el tratamiento que tendrán los denominados «pozos marginales». Con base en las estadísticas oficiales, estas instalaciones de producción de muy baja capacidad solo producen el 6 % de toda la producción de petróleo y gas de Estados Unidos, pero son responsables de aproximadamente la mitad de las emisiones de metano de todo el sector.
Zeldin lo justificó señalando que las estrictas normas anteriores agrupaban de forma restrictiva a los pequeños productores familiares con las grandes multinacionales, aplicando cargas innecesarias que amenazaban con llevar a la quiebra a operadores independientes. Pero tras ese relato oficial se expresa un gran cabildeo de los ejecutivos de firmas independientes, muchos de los cuales son los mismos que donan cantidades significativas al presidente Trump e impulsan la eliminación de controles alegando altos costos. Irónicamente, grandes multinacionales como Chevron y ExxonMobil históricamente han respaldado la existencia de controles federales unificados sobre el metano para homogeneizar la forma de operar del mercado.
Consecuencias en el clima y el inmenso derroche de energía
Las repercusiones tangibles de estos decretos de la EPA ya tuvieron su comienzo en el mismo momento en que se emitió el memorando, a partir del cual la EPA incluía en su ámbito de cumplimiento las instalaciones de hidrocarburos y, por tanto, dejaba de lado su política de control de emisiones de metano.
A partir de todo ello, hay una estimación que calcula que solo el gas adicional que se liberó o que, se quemó sin ninguna penalización durante el primer año bajo dicha política habría podido abastecer a unos 19 millones de casas estadounidenses. También hay una contabilización que estima que si todos los nuevos lineamientos se implementaran totalmente, el derroche de energía total privaría al mercado del suficiente recurso para abastecer a 30 millones de casas.
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