Cuando los costos de la energía global suben, los gobiernos se encuentran con un dilema muy complejo en el futuro de sus países: deben decidir si protegen a la ciudadanía y a las empresas (tensando el escaso gasto público) o permiten que aumenten los precios con el riesgo de que se disparen las reacciones sociales o políticas negativas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto a disposición un extenso informe sobre cómo los responsables de las políticas pueden lograr un equilibrio adecuado sin arruinar las finanzas.
Asistencia directa para proteger a las familias más vulnerables
Las familias más empobrecidas son las que dedican a la compra de alimentos y de la energía el doble o el triple de sus ingresos que los hogares más ricos. Estas familias, no llegan a poseer el suficiente capital acumulado para protegerse ante el avance del encarecimiento del costo de la vida.
Asimismo, proteger a este colectivo es una necesidad imperiosa para garantizar la cohesión social y evitar un aumento dramático de la pobreza extrema, al menos en un corto plazo. Las transferencias de efectivo focalizadas, ejecutadas a través de los sistemas existentes de asistencia social, representan la mejor estrategia de contención a corto plazo.
Este mecanismo mantiene la información acerca de los precios del mercado y, al mismo tiempo, limita los costos fiscales. Las reducciones temporales de impuestos sobre los alimentos podrían ser justificadas como último recurso ante una amenaza inminente a la seguridad alimentaria. Pero una vez más se tiene que dar evidencia de un calendario claro y creíble para su discontinuidad final.
Apoyo a la sostenibilidad de las empresas y control de los recursos
La intervención de los poderes públicos en el sector privado persigue la finalidad fundamental de mantener en funcionamiento a las empresas viables e impedir quiebras no deseadas que dañen el tejido productivo. El apoyo ha de centrarse en resolver problemas de tesorería a corto plazo utilizando herramientas de liquidez temporal. Las medidas aconsejadas para el soporte de las pequeñas empresas viables son las siguientes:
Préstamos con garantía del Estado para garantizar el funcionamiento de las industrias estratégicas.
Líneas de crédito específicas que permitan aliviar las tensiones de las operaciones comerciales.
Aplazamientos de corto plazo en los pagos de impuestos y cargas sociales.
Las herramientas abaratan de forma notable el costo fiscal y son mucho más fáciles de suprimir más tarde. Las inyecciones directas de capital han de evitarse por su altísimo costo y la enorme dificultad política que existe para su supresión posterior.
Los recortes drásticos de los impuestos sobre la energía o los topes de precios distorsionan las señales del mercado, benefician de forma desproporcionada a los hogares de renta alta y aumentan las posibilidades de desabastecimiento de la economía. Dejar que los precios nacionales reflejen los costos internacionales resulta crucial para fomentar un uso eficiente de los recursos escasos.
Restricciones fiscales y la repercusión asimétrica internacional
La situación fiscal actual de los países es generalmente más ajustada que en crisis anteriores, dado el mayor endeudamiento acumulado y los altísimos costos de financiación. Desde luego que los países con economías emergentes o en desarrollo se ven menos favorecidos a la hora de tomar decisiones políticas extremadamente difíciles durante choques extraordinarios. Así, estos países suelen tener redes de seguridad social más endebles, unas proporciones más elevadas de gasto en consumo básico y unas expectativas inflacionistas extremadamente frágiles.
Cuando la presión política local a menudo lleva a estos gobiernos a actuar con excesiva celeridad, se suelen acabar implementando soluciones sumamente perjudiciales a medio y largo plazo. Cuando los países más ricos o grandes reprimen las señales de precios internos mediante controles generales, esto lleva a una explosión de la demanda internacional que incrementa uno de los problemas más severos en la escasez: el empobrecimiento.
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