La Environmental Protection Agency (EPA) acordó con el Ejército el inicio de la fase de consulta pública para revisar opiniones sobre las modificaciones previstas para la Ley del Agua Limpia. Con respaldo del gobierno republicano, el organismo espera modificar la definición «aguas de los Estados Unidos» o WOTUS, que define qué ecosistemas y recursos hídricos son de gestión federal y cuáles quedan sujetos a regulaciones estatales o a disposición de los privados.
El proyecto de la EPA para actualizar las regulaciones del agua
En un momento clave para la discusión acerca de la protección de los recursos hídricos, tras la proliferación de centros de datos y otros proyectos de gran magnitud que conllevan un consumo importante de agua, la EPA y el Ejército ratificaron su decisión de continuar revisando definiciones básicas de la Ley del Agua Limpia.
En concreto, las entidades buscan redefinir las condiciones para determinar cuáles son las aguas protegidas bajo jurisdicción federal y restringidas para su explotación, de manera que los ríos, arroyos, lagos y humedales que están incluidos en la lista presenten mayores requisitos administrativos para su acceso por parte de actores privados.
Las modificaciones fueron motivadas por la polémica que desencadenó el paradigmático caso Sackett vs. EPA, que dejó en evidencia la necesidad de contar con una regulación más clara respecto al alcance de su potestad y una norma más restringida, simple y predecible para los agentes del Estado, agricultores e inversores.
«Nuestro objetivo es continuar protegiendo los recursos hídricos de conformidad con la ley, al tiempo que empoderamos a los agricultores, terratenientes, empresarios y familias», explicó el administrador de la EPA, Lee Zeldin. Si bien el anuncio de la revisión fue dado a conocer en marzo del año pasado, el proceso administrativo retomó hoy su instancia de opinión pública.
Según el comunicado difundido por el mismo organismo, el proyecto original recibió cerca de 220 mil comentarios luego de su presentación formal el año pasado, que dieron pie a la construcción de propuestas alternativas. Las opciones volverán a ser sometidas a escrutinio por un plazo de 30 días, para recabar más información y perfeccionar el borrador definitivo.
«La medida adoptada hoy refleja nuestro compromiso constante con la transparencia y la participación ciudadana (…) Esperamos recibir comentarios del público», agregó Zeldin. Por su parte, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército afirmó su compromiso de acompañar la iniciativa para «modernizar la excesiva burocracia» que traba el desarrollo económico.
El antecedente que abrió la discusión: el fallo Sackett vs. EPA
Los cambios a la Ley del Agua Limpia fueron impulsados por el fallo de la Corte Suprema a favor de Michal y Chantell Sackett, quienes efectuaron la compra de un terreno en las proximidades del lago Priest, en Idaho, con intenciones de edificar, aunque sus planes se vieron frustrados por la intervención de la EPA, que reclamó sus derechos sobre un humedal protegido, ubicado en las mismas parcelas.
En consecuencia, los damnificados elevaron su caso a las autoridades judiciales, quienes ratificaron el derecho de los Sackett sobre la propiedad y determinaron que la EPA incurrió en un exceso de autoridad. Para la entidad, el caso dejó 2 grandes enseñanzas que hoy inspiran los cambios alentados por Zeldin.
En primer lugar, EPA se guiará por la definición de la Corte sobre el término «aguas», que determinó que «abarca solo aquellos cuerpos hídricos relativamente permanentes, estancados o fluidos que forman arroyos, ríos, lagos y océanos». En segundo lugar, considerará a los humedales como protegidos cuando tengan conexión superficial continua con los cuerpos de agua que conformen WOTUS.
American Rivers se alza contra las modificaciones a la Roadless Area Conservation Rule
Paralelamente, el USDA encara otra agitada discusión luego de haber manifestado su intención de flexibilizar la normativa que protege a los bosques del avance de obras de infraestructura que podrían alterar el ecosistema nativo. En relación con ello, la organización ecologista American Rivers sentenció que la desregulación de estas áreas pondría en riesgo 80 mil mi. de ríos, además de incrementar el riesgo de incendios forestales.
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