El Departamento del Tesoro confirmó este lunes que endurecerá su campaña de vigilancia para detectar fraudes en Medicare por el cobro por servicios médicos. A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno beneficiará a los denunciantes que provean información al organismo con recompensas económicas.
Duro golpe a las organizaciones criminales transnacionales
Concentrados en priorizar el equilibrio fiscal y mantener las cuentas estatales en orden, los funcionarios de la administración republicana se embarcaron en una nueva cruzada contra el crimen organizado que, constataron, extendió sus tentáculos por el sistema de salud pública.
Según información verificada por el Tesoro, existen Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) con un esquema de fraude consolidado, a través del cual se aseguran el cobro de porcentajes a Medicare por presuntos servicios médicos prestados a sus usuarios.
«Presentan reclamaciones de reembolso falsas y fraudulentas, incluyendo atención médica inexistente, explotadora, deficiente o innecesaria», detalló el organismo en su comunicado. En consecuencia, hasta la fecha, los delincuentes recibieron dinero de fondos fiscales utilizando testaferros, que son ciudadanos extranjeros enviados al país con el único fin de simular ser titulares de las empresas fantasmas.
«Las TCO obtienen ilícitamente los nombres y números de identificación de los beneficiarios inscritos en estos programas, utilizando dicha información para presentar reclamaciones de reembolso», informaron. Y, a continuación, proceden con la fuga del dinero depositado en las cuentas.
En concreto, los montos son enviados «mediante transferencias, activos digitales y otras modalidades de lavado de dinero», a los países donde residen los cerebros de las operaciones. Y, como resultado, el gobierno debe responder por los números en rojo a raíz del engaño masivo.
En los últimos días, trascendió la condena impuesta a Mirelys Cabrera Díaz, que ejemplifica el recrudecimiento de la campaña de búsqueda y erradicación de fraudes contra Medicare. Originaria de Cuba, la mujer fue beneficiada con la nacionalidad norteamericana, ciudadanía que acaba de perder tras ser condenada por cobrar US$6 000 000 con solicitudes de reembolsos (Infobae).
El gobierno recompensará económicamente a los colaboradores
En estas circunstancias, la gestión de Scott Bessent ordenó la implementación de un plan para blindar al sistema de cobros falsos. Y, como parte esencial de la campaña de barrido, puso a disposición abultadas sumas para favorecer a quienes se atrevan a denunciar redes de fraude.
Mediante la FinCEN, el Tesoro pagará a los denunciantes que ofrezcan datos certeros que ayuden a la detección del «fraude, lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras leyes de seguridad nacional», siempre y cuando conduzcan a investigaciones fructíferas.
A partir de criterios de elegibilidad, el departamento se reservará el derecho de seleccionar los testimonios más creíbles, a los que recompensará con porcentajes «que oscilarán entre el 10% y el 30% de las sanciones monetarias derivadas de las acciones coercitivas que cumplan con los requisitos».
De esta manera, los fondos recaudados a partir de las sanciones que imponen la Ley de Secreto Bancario y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional serán utilizados para concretar las nuevas medidas de seguridad.
Cabe destacar que los premios estarán disponibles para instituciones financieras y público en general, siempre que «la información que proporcionen conduzca a una acción coercitiva exitosa que resulte en sanciones monetarias superiores a US$1 000 000 000». Las denuncias serán receptadas mediante la página web oficial del FinCEN.
Bessent protege los impuestos de los estadounidenses
Entusiasmado con la nueva iniciativa de su organismo y comprometido con la protección de los fondos nacionales, Bessent aseguró que, con el respaldo de Trump, seguirá adelante con la campaña de detección de esquemas de defraudación «dondequiera que existan», porque «los estadounidenses tienen derecho a saber que sus impuestos no se utilizan para cometer fraude».