Según cálculos del Departamento de Estado, la extensión de la lista de países cuyos ciudadanos deberán abonar una fianza de US$15 000 para ingresar a Estados Unidos dejará a los contribuyentes un cuantioso beneficio económico, además de garantizarles el reforzamiento de su seguridad.
Trump endurece las condiciones para entrar a EE. UU.
En pos de reunir las condiciones para la consolidación del proyecto MAGA y de cumplir con las propuestas más nacionalistas de su campaña, la administración republicana oficializó el miércoles el ingreso de 12 nuevos países al programa de fianzas.
Pensada como un proyecto piloto, la iniciativa fue puesta en marcha en agosto del año pasado, con una duración estipulada de 12 meses y la posibilidad de volverse permanente, dependiendo de la evaluación de los funcionarios. Y su principal objetivo es ayudar a combatir la inmigración ilegal que azota al país.
Desde su llegada al poder, Donald Trump dejó en claro que priorizaría los derechos de los estadounidenses, y que aplicaría mano dura para regular el flujo migratorio al que la gestión de Joe Biden habría dado vía libre, en detrimento de los intereses nacionales.
Pues, desde su perspectiva, el ingreso y la permanencia de extranjeros son un fenómeno que alimenta el estatismo y el perjuicio económico, además de tener impacto negativo en la criminalidad y en la protección de los valores culturales norteamericanos, que se verían avasallados por la influencia extranjera.
Por ello, además de implementar medidas severas, como la estrategia de caza llevada a cabo por los agentes del ICE en diferentes distritos, el gobierno ajustó los requisitos burocráticos que deben cumplir los interesados en viajar a Norteamérica.
Entre las modificaciones realizadas, la cartera que dirige Marco Rubio comenzó a exigir el depósito de US$15 000 a los viajeros provenientes de 38 naciones, que fueron seleccionadas por presentar mayores índices de nativos viviendo ilegalmente en Estados Unidos.
El requisito, vigente para los solicitantes de las visas B1 y B2 (de turismo y negocios), pretende servir de garantía para que la persona salga del país durante el plazo estipulado. Pues, en caso contrario, la cuantiosa suma no será reembolsada.
Hasta ayer, eran 38 las nacionalidades incluidas en el programa de fianzas, cifra que aumentó con las incorporaciones de 12 países más, a saber: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles, Túnez y Nicaragua.
Los contribuyentes serían los más beneficiados por la medida
Entre algunos de los beneficios registrados desde la entrada en vigencia de la fianza, el gobierno de Trump apuntó el regreso a su lugar de origen, en tiempo y forma, del 97% de los ciudadanos afectados por la medida, resultado que fue contrastado con el total de 44 000 visitantes que habrían permanecido más tiempo del permitido durante el último año de gestión de Biden.
Pero además, la administración celebró el nivel de ahorro que su implementación facilitaría a los contribuyentes, quienes dejarían de perder «cientos de millones al año». «Expulsar a un extranjero que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos le cuesta al contribuyente más de US$18 000 de media», confirmaron.
Por lo que, en total, el Departamento de Estado ahorraría a los ciudadanos que viven en condiciones legítimas «hasta US$ 800 000 000 al año» que el sistema estatal necesitaría para poner en marcha el proceso de detección, investigación y deportación de los extranjeros ilegales.
La situación de los países latinoamericanos
Además de Nicaragua, conforman la lista negra de inmigración Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Venezuela y Cuba. Las últimas dos representan un foco importante de la comunidad migrante que llega a Estados Unidos en búsqueda de alternativas de progreso, dadas las limitadas oportunidades que ofrecen sus naciones, sumidas en la inestabilidad económica y política.
En particular, la situación de Cuba ocupa un lugar prioritario en materia de política exterior del gobierno norteamericano. Pues, ante el debilitamiento del régimen comunista, el republicano se prepara para «liberar» la isla y asegurar el retorno de los cubanos que están distribuidos entre Florida, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.