Ante el bloqueo del paso de los buques asociados a Estados Unidos e Israel por el estrecho de Ormuz, las aseguradoras marítimas dieron un paso atrás en la cobertura de las embarcaciones, por lo que el gobierno de Trump diseñó una estrategia de reaseguración junto a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) que podría comprometer fondos públicos.
Crisis en el estrecho de Ormuz
Previo a cumplirse un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, el estrecho de Ormuz (uno de los principales canales de paso del petróleo y el gas natural licuado en el mundo) continúa bajo dominio iraní, maniobra que motivó el desabastecimiento energético de las naciones vinculadas al bloque occidental.
En este escenario, la ruta marítima se convirtió en un peligro para los barcos que atraviesan la zona crítica. Y, para agravar aún más las circunstancias, las aseguradoras prescindieron de prestar servicio o redoblaron sus tarifas, ante el riesgo de tener que responder en caso de que los buques sufran alguna colisión.
Para tener una idea, la prima de seguro por riesgo de guerra se duplicó desde el inicio del conflicto, creciendo del 0,2% al 0,5% en la última semana, según informa Portal Portuario. Dadas las circunstancias, las autoridades de la potencia americana acordaron la puesta en marcha del plan de reaseguro que se concretaría con respaldo de la DFC y la empresa Chubb.
En concreto, la estrategia consistiría en poner a disposición una cobertura de hasta US$20 mil millones para respaldar posibles pérdidas. De esta manera, los tripulantes contarían con un incentivo para embarcarse bajo el fuego del golfo, asegurando el circuito del crudo y la estabilización de su precio, que en las últimas semanas sufrió una escalada.
Desde el DFC, explicaron que Chubb será responsable de determinar los precios y las condiciones, emitir pólizas para los buques y cargas elegibles y gestionar las reclamaciones; mientras que el organismo estatal «coordinará el consorcio de reaseguradoras estadounidenses y establecerá los criterios para que los buques accedan al programa».
La denuncia de la senadora Shaheen
Al tanto del acuerdo, Jeanne Shaheen, senadora demócrata por Nuevo Hampshire, alzó la voz para cuestionar la iniciativa, sugiriendo que el fondo dispuesto para asegurar las embarcaciones podría provenir de los aportes de los contribuyentes.
En una misiva, enviada al director del DFC, Benjamin Black, la funcionaria exigió mayor transparencia en la información sobre el perjuicio que la maniobra podría acarrear para los norteamericanos. «Persisten importantes interrogantes sobre cómo esta propuesta podría poner en riesgo el dinero de los contribuyentes», escribió.
Denunciando la rapidez de la gestión, que avanzó como un acuerdo que no fue revisado por los integrantes del poder legislativo, Shaheen exigió que los responsables del proyecto realicen la debida rendición de cuentas ante el Congreso y ante el pueblo estadounidense.
«Dado que la DFC dispone de una cantidad significativamente inferior a US$20 mil millones para pagar reclamaciones, no está claro si se ha tenido en cuenta adecuadamente el riesgo de que se requieran dichos pagos», reza una de las líneas más contundentes del texto.
Preocupación por China
En su nota, Shaheen también cuestionó el beneficio indirecto que el plan podría traer a China, principal competidor de Estados Unidos en materia comercial, y quien consume el mayor porcentaje del crudo que circula por Ormuz.
«¿Tiene la DFC la intención de asegurar las exportaciones de energía destinadas a China, por ejemplo, que es el principal destino de las exportaciones de petróleo que transitan por el Estrecho de Ormuz?», inquirió la senadora, advirtiendo el gran error en el que incurriría la administración con la implementación de la estrategia.