El senador Dick Durbin ha elevado una de las discusiones más relevantes y menos debatidas de la revolución digital en la actualidad: el gran efecto ambiental y de infraestructuras que portan los grandes centros de datos. A través de sus plataformas de comunicación, el propio legislador embiste a las autoridades, a los reguladores y a las empresas tecnológicas para que tomen un momento para reflexionar sobre las verdaderas repercusiones asociada a este rápido crecimiento. Para dimensionar la cuestión, Durbin puso un ejemplo terrible de su propio territorio: «Un centro de datos del estado de Illinois podría consumir tanta energía como el 30 % de los hogares de nuestro estado».
La nueva demanda eléctrica de los centros de datos
La severa advertencia que emitió el senador Durbin llega en un contexto histórico en el que el desarrollo de la inteligencia artificial ha dado comienzo a la alteración radical de una infraestructura que había permanecido fuera de la órbita del debate tecnológico: la red eléctrica nacional. En Estados Unidos, el aumento explosivo de la demanda de estos titánicos centros de procesamiento de datos ha dado un nuevo impulso a los planes de inversión en las redes de transmisión. El problema operativo ya no está únicamente relacionado con la construcción de nuevas líneas de alta tensión, sino en establecer la forma en que se dividirán sus costes entre las grandes compañías tecnológicas, las compañías eléctricas y los usuarios residenciales comunes.
La empresa energética Southern Company, que prevé en el período de cinco años una inversión de US$81 000 millones, un 30 % más en relación a su proyección anterior. En tanto la compañía FirstEnergy ha elevado su plan de inversiones en el período 2026-2030 hasta los US$36 000 millones, de los cuales más de 19 000 van a la transmisión eléctrica.
El argumento central en ambos casos es similar: la llegada de los grandes centros de datos, que consumen volúmenes de electricidad comparables a los de una ciudad mediana, obliga a reforzar de manera urgente una red que ha envejecido y que fue diseñada originalmente para la expansión de la posguerra en las décadas de 1950 y 1960. Lo que durante años fue visto como una necesidad técnica postergada, de repente pasó a presentarse como una urgencia económica ineludible.
Cuellos de botella y megaproyectos en PJM y Texas
Esta reciente exigencia reorganizó las prioridades de todo el sistema eléctrico nacional y abrió, además, una mega carrera sin precedentes por ampliar la capacidad de transmisión de las regiones geográficas donde hoy se concentra la mayor inversión digital. La situación más clara de esta reconversión es la de PJM Interconnection, el gigantesco operador que gestiona parte de la red eléctrica para 67 millones de personas residentes en trece Estados, desde Kentucky hasta Nueva Jersey, donde la concentración de centros de datos es, en la actualidad, la más densa del mundo mundial.
El Estado de Texas refleja otro aspecto de esta misma compleja discusión. Allí, el operador regional Ercot ha puesto en marcha un extraordinario proyecto de expansión de líneas de 765 kilovoltios por un importe total estimado en US$32 990 millones El objetivo principal de este proyecto es adelantarse a la explosión del consumo asociada al crecimiento imparable de los centros de datos.
El dilema regulador y la promesa de protección al usuario final
Ante la inminente crisis tarifaria, la Casa Blanca decidió involucrarse en el debate. En concreto, el pasado 4 de marzo, impulsada por la administración Trump, un grupo de gigantes de la industria, formado por Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI, asumieron el llamado compromiso de protección al usuario final, en inglés «Ratepayer Protection Pledge». Este contrato busca que las propias empresas tecnológicas financien el coste directo de la nueva generación y de la infraestructura de entrega de la electricidad que demandan sus centros de datos.