El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que avanzará con la implementación de penas a las agrupaciones criminales transnacionales que se dedican a comercializar madera desde el exterior, proveniente de la tala ilegal.
Fiscal Woodward Jr. oficializa la campaña de persecución contra los criminales de la madera
Preocupados por el incremento de la proliferación de la tala ilegal a manos de delincuentes foráneos, el Grupo de Trabajo sobre Madera se reunió para definir los últimos detalles de una ofensiva que promete blindar a la industria maderera local de la competencia desleal que representa el ingreso, por vías no autorizadas, de materia prima obtenida ilegítimamente y fuera del país.
Congregados en las instalaciones del Departamento de Justicia por invitación de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridades y expertos abordaron la problemática que, según el fiscal general Woodward Jr., es prioridad en la agenda de la administración republicana.
De manera contundente, el letrado dio cuenta de las dimensiones preocupantes que los delitos de tráfico de recursos forestales están alcanzando. Según afirmó, el Estado cuenta con evidencia de la existencia de agrupaciones que, sin contar con las autorizaciones requeridas, venden madera obtenida por medios irregulares y, en consecuencia, perjudican a los productores estadounidenses.
Estos insumos «sucios» representan para el funcionario un daño directo a las empresas nacionales, que se ven «asfixiadas» por la avanzada. «La madera que se utiliza para enmarcar nuestras casas, construir nuestras escuelas y hospitales, y edificar instalaciones militares, se ve obligada a depender de importadores extranjeros poco fiables», señaló.
Por este motivo, instó al resto de los organismos a mantenerse alertas y tomar medidas de acción para perseguir a los delincuentes involucrados en los ilícitos. «Hemos estado cediendo influencia a productores extranjeros, quienes explotan la complejidad de la cadena de suministro global y luego se benefician», sentenció.
Preocupación por la deforestación
Además de buscar castigar a los criminales, la investigación propuesta por el Departamento de Justicia busca preservar el medio ambiente, al prevenir el uso de madera obtenida en condiciones que no garantizan el compromiso de reforestación en compensación.
A través de la Ley Lacey, Estados Unidos exige a sus empresas dar cuenta del origen de los recursos comercializados y empleados en procesos como el de la generación de biomasa, y garantizar que el consumo de la materia prima está respaldado por la tala legal, que respeta las normativas de protección de los bosques.
De esta manera, el consumo de materia prima proveniente de fuentes no verificadas por las entidades gubernamentales promueve la consolidación de un mercado que admite actores interesados en sacar rédito de una práctica que perjudica irreversiblemente la naturaleza.
En contraste, el fiscal defendió que «Estados Unidos posee algunos de los recursos madereros más abundantes del planeta», además de un marco regulatorio que asegura la protección ambiental y la competencia justa entre sus empresarios. «Sin embargo, nos hemos permitido depender de las importaciones para satisfacer nuestras necesidades de madera», lamentó.
Un paso más allá, el funcionario se atrevió a apuntar contra China, país al que acusó de ser «el mayor importador mundial de madera ilegal», y resaltó que, si la potencia americana avala la continuidad de estos negocios oscuros, también dará luz verde al financiamiento de delitos más graves como «el tráfico de drogas y de especies silvestres, y la minería ilegal».
Trump celebró el Día del Árbol
En la jornada de hoy, el presidente republicano hizo gala de sus valores ecologistas y, mediante un comunicado, ratificó su interés en continuar promoviendo el comercio verde. «Mi administración seguirá priorizando nuestros abundantes recursos madereros e invirtiendo en una gestión responsable de la tierra para preservar las industrias fundamentales para nuestra economía», aseguró.