“Tengo que demolerme”: los sueños que el fracking se llevó
Las máquinas de demoler casas llegaron al pueblo y los hogares construidos con años y años de esfuerzos empiezan a convertirse en un … Leer Más
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La Justicia chaqueña ordenó el cese de la desforestación hasta que se realice un nuevo ordenamiento territorial. Pero las topadoras avanzan sobre el … Leer Más
La Ley 26.160 fue aprobada en 2006. En tres años se debían relevar los territorios indígenas. A seis años de su sanción, sólo se finalizó el censo catastral de 12,5 por ciento de las comunidades originarias. Desmanejo de fondos, el rol del INAI, el relato oficial y la violación de derechos.
Desalojos, represión, detenidos y asesinatos. Campesinos y pueblos originarios son las víctimas de un modelo extractivo que, con apoyo del Gobierno nacional y los provinciales, avanza sobre el campo.
A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación. El agronegocio y las empresas extractivas privatizan las ganancias y socializan los problemas.
Esta nota forma parte de una nueva serie de noticias sobre temas de biodiversidad en las Américas y recogen los casos más importantes de amenazas a la biodiversidad y resistencia desde la base. Esperemos que esta serie ayudara en entender los riesgos para el planeta y tejer redes para protegerlo.
Para la pequeña comunidad de indígenas naso en Panamá, el telón de 2009 se abrió a una desconsoladora escena de conflicto en torno a la prolongada demanda del pueblo nativo de que se respeten su territorio y sus recursos naturales. Al ver que la maquinaria pesada demolía sus casas y desgarraba su tierra, los habitantes de San San Druy en la provincia de Bocas del Toro al norte del país blandieron machetes, arcos y flechas, lanzas y cocteles molotov para repeler a los intrusos.
Empresas sojeras, plantas de celulosa, minería a cielo abierto, petroleras y el turismo cinco estrellas expulsan de sus territorios a pueblos indígenas. Un relevamiento parcial contabilizó 397 conflictos por tierras, con una superficie total de 8,6 millones de hectáreas: tres veces la extensión de Misiones o 425 veces la Ciudad de Buenos Aires. A fuerza de organización, las comunidades indígenas resisten desalojos y comienzan a recuperar territorios.