El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 3 de diciembre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan nuevas disposiciones, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. El principal objetivo de la reforma de la Ley de Aguas será garantizar el agua como derecho humano; a continuación, más detalles.
Ley de Aguas: sanciones más severas y enfoque en la protección del recurso hídrico
Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la polémica reforma de la Ley de Aguas, que establece el derecho humano al recurso hídrico y prohíbe su acaparamiento con sanciones de hasta ocho años de prisión por delitos contra las aguas nacionales.
El panorama a favor tanto de los transportistas como de los representantes del sector agrícola es favorable, puesto que, después de semanas de bloqueos y afectaciones viales, el proyecto de la Ley General de Aguas considera un aproximado de 50 modificaciones que buscan responder a las demandas solicitadas por las organizaciones mencionadas.
«Toda persona gozará del derecho humano al agua y, para ello, el Estado mexicano se compromete a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al acceso a dicho recurso», es el principal eje de la nueva Ley General de Aguas con las reformas propuestas por la mandataria federal Claudia Sheinbaum.
¿Qué establece la Ley de Aguas y cuáles son sus principales propósitos?
Bien, la Ley de Aguas en México tiene «por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral y sustentable».
Su objetivo se centra en lograr un desarrollo integral más sustentable para el importante recurso hídrico, garantizando su cantidad y resguardando su calidad; para ello se establecen una serie de reglas que dictaminan tanto su uso como su control y preservación. De este modo, no solo se busca garantizar el acceso y derecho humano al valioso recurso hídrico, sino que también se tiene como objetivo proteger los ecosistemas acuáticos de nuestro país.
En cuanto a la gestión de la Ley de Aguas Nacionales, se enfoca en definir y establecer los mecanismos necesarios para la debida concesión de permisos para el sector agrícola, los sectores industriales y las zonas urbanas. Con la nueva Ley General de Aguas que ha propuesto la mandataria federal Claudia Sheinbaum, se integran nuevos lineamientos en el artículo con un principal enfoque: «Las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible».
Reforma a la Ley de Aguas Nacionales: ajustes y modificaciones
Las nuevas reformas previstas para la Ley de Aguas Nacionales incluyen un modelo actualizado de gestión integral del agua, con el Estado siendo el único rector administrativo del recurso hídrico a nivel país. También cataloga al recurso como un derecho humano y no como una mercancía, dejando atrás el anterior eje central de la ley.
Con las modificaciones del régimen de concesiones se busca finalmente eliminar la mercantilización de las concesiones, como las de las asignaciones de agua y las transmisiones de los títulos entre los particulares. Se adhiere del mismo modo un capítulo para aquellos casos que son considerados «delitos hídricos», sancionando el robo, así como el traslado o uso ilegal del agua.
Para los nuevos controles estatales del agua, se destaca la creación del Registro Nacional de Agua (RENA), que estará a cargo de la Conagua, y tendrá como principal objetivo consolidar un esquema de control y transparencia en el otorgamiento y vigilancia de concesiones en el país.