La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración está enfocada en ordenar y regular las concesiones de agua en el país, un tema que había quedado pendiente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con este proceso, el gobierno busca combatir la corrupción, frenar los abusos en el uso del recurso y garantizar un acceso más justo.
La revisión de las concesiones presenta ciertos avances
Según lo declarado, ya se revisaron el 90% de los títulos, y el objetivo es consolidar una base de datos transparente antes de que termine este año. Durante su conferencia matutina del 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó que su gobierno lleva a cabo un proceso exhaustivo para ordenar las concesiones de agua en todo México.
“Nuestro objetivo es que a finales de este año ya quede esa base de datos bien establecida, y seguir revisando todos los casos en donde hay ilegalidades”, explicó la mandataria; (también la líder mexicana hizo este pedido). Además, la medida busca corregir prácticas de saqueo y uso irregular que afectan directamente a los sectores productivos y a la población.
Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, de los 536 000 expedientes revisados, se detectaron al menos 52 000 títulos con irregularidades, pero las principales anomalías están en el uso de concesiones agrícolas para fines distintos, como desarrollos inmobiliarios, campos de golf o balnearios, actividades que generan beneficios privados a costa del interés público.
Tras años de descontrol administrativo y de prácticas fraudulentas, surgen estos ordenamientos, siendo que la presidenta reconoció que a López Obrador “ya no le dio tiempo” de concluir este proceso, por lo que su gobierno lo retomó con el compromiso de dejar un registro confiable y actualizado de las concesiones de agua en todo el país.
Hay irregularidades, según Sheinbaum, que fueron detectadas por Conagua
Lo cierto es que, debido al mal uso de las concesiones agrícolas en varios casos, los permisos otorgados para riego de cultivos fueron reconvertidos en negocios urbanos y turísticos, lo que representa una evasión de derechos de pago por el consumo del recurso.
En su conferencia, la mandataria indicó: «Nunca se supo, no se pudo dictaminar si fue provocado o no ese incendio, pero lo cierto es que muchos documentos que sustentaban esas concesiones, pues ya no existen».
Según Sheinbaum, “ya prácticamente se revisaron 90% de esas concesiones. ¿Qué es lo que se ha encontrado? En algunos casos había concesiones para riego agrícola; el riego agrícola no paga derechos”.
Ante esta situación, el gobierno federal puso en marcha un decreto de facilidades administrativas para que el sector campesino pueda regularizar sus títulos de agua y continuar trabajando de manera legal; entonces, uno de los casos más llamativos fue el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, señalado por manipular presas y desviar agua de manera ilegal.
Los obstáculos y la meta de la distribución del agua
En su conferencia, la mandataria mexicana recordó que muchos de los documentos que sustentaban las bases de datos fueron destruidos en un incendio ocurrido en la sede de Conagua en 2019, justo al inicio del gobierno de López Obrador.
Sin embargo, nunca se esclareció si el siniestro fue provocado; la pérdida de expedientes dificultó la tarea de ordenar el sistema de concesiones. A ello se suma el antecedente de las reformas impulsadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se permitió la transferencia de derechos de agua entre particulares sin que regresaran al Estado.
Este mecanismo abrió la puerta a la especulación y a la proliferación de concesiones que hoy son usadas de forma irregular en zonas habitacionales y comerciales (la medida del poder Judicial que tomó sobre Conagua). Así el gobierno federal decidió implementar un control más estricto sobre las concesiones, con nuevas reglas y un sistema de información centralizado; la idea es que la meta de la distribución del agua responda a criterios de legalidad, equidad y sustentabilidad.