Luego de que una corte federal de los Estados Unidos declarara culpable a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y le impusiera una orden de pago de 15 mil millones de dólares, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que en caso de que las autoridades estadounidenses cobren la multa, México debería recibir un resarcimiento debido a los daños causados por la organización.
La orden de pago de Zambada
Aunque anteriormente en un caso de corrupción ya hubo una repartición de activos recuperados entre ambos países, la falta de participación de las autoridades mexicanas en la captura de Zambada y la dificultad para localizar los activos ilícitos del condenado, obstaculizan la restitución monetaria hacia México a pesar de la legitimidad moral del reclamo.
En una corte federal ubicada en Nueva York, el pasado 25 de agosto, Ismael “El Mayo” Zambada fue declarado culpable por cargos de delincuencia organizada y narcotráfico. Zambada estuvo prófugo de la justicia durante más de medio siglo, hasta su captura en julio del año pasado. Luego de ser detenido llegó a un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a una cadena perpetua más una orden de retribución.
La orden fue estipulada por un valor de 15 mil millones de dólares, siendo la más grande impuesta en la historia de la lucha contra el narcotráfico mexicano. Los medios que informaron sobre la condena indicaron que la orden existe como una multa, en la que se tiene que restituir económicamente al gobierno por los crímenes y una confiscación, que involucra todos los activos producto de la actividad criminal.
Acuerdo de culpabilidad y condena del narcotraficante
Zambada en el acuerdo al que llegó debido a su confesión, admitió su participación en el tráfico de más de mil toneladas de cocaína y otras drogas como heroína y fentanilo. Zambada también admitió haber participado en sobornos a autoridades mexicanas de todos los niveles con el objetivo de que su organización criminal pudiera operar sin restricciones en territorio mexicano.
Según el acuerdo de culpabilidad firmado por Zambada, 60 días antes de su sentencia debió haberse entregado una lista con todos los activos que posee el narcotraficante mexicano, explícitamente el acuerdo indica que ocultar algún bien o activo en esta parte del proceso podría terminar en la confiscación de este.
El discurso de Sheinbaum y la realidad de una restitución
De esta forma, según Sheinbaum, si Zambada restituye económicamente con dinero o en materia de activos la deuda que le ha sido impuesta por las autoridades estadounidenses, parte de ese importe económico debería llegar a manos del gobierno de México, dinero que, en palabras de la propia Sheinbaum, se usaría en las comunidades con menores recursos económicos que fueron más afectadas por los actos delictivos de Zambada.
Históricamente ya existe un antecedente, con el caso de Héctor Javier Villarreal Hernández, en el que ambos gobiernos repartieron entre sí la devolución de activos, en donde la parte de México llegó a ser de más de 200 millones de dólares. En este caso Villarreal se convirtió en un testigo cooperante en el juicio contra Genaro García Luna, lo que beneficio directamente a las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, el caso de Ismael «El Mayo» Zambada presenta diferencias marcadas con lo acontecido alrededor de Villarreal, por cuanto Zambada se ha negado tajantemente a colaborar con las autoridades estadounidenses, por lo que, de cumplirse a cabalidad el acuerdo, no tendrían ninguna razón para cooperar con la repartición de activos con el gobierno mexicano.
Por otra parte, cabe destacar que Estados Unidos no tiene la obligación legal de compartir los fondos si el gobierno de México no puede demostrar una participación directa en la captura o investigación judicial de Zambada. Sin embargo, en caso de negarse a una posible solicitud, el entorno social del caso podría criticar la negativa a una solicitud justa y legítima, como ya ha sido catalogada entre el público general.
