Las cámaras «silenciosas» de California registran a millones de conductores sin ley que las regule
Más de 230 departamentos de policía en California usan cámaras que registran, cada día, los movimientos de millones de conductores que no han cometido ningún delito. Lo hacen sin que una sola ley estatal les imponga límites claros sobre cómo almacenan esos datos, con quién los comparten o cuándo deben borrarlos.
En 2025, California lo intentó una vez más. Y, por quinta vez consecutiva, no lo logró.
Cinco años sin reglas: el patrón que se repite
No es un accidente ni una anomalía. Es un patrón. Desde 2022, cada proyecto de ley propuesto en California para regular los lectores automáticos de placas vehiculares ha fracasado, sido archivado o terminado con un veto del gobernador.
El más reciente fue el Senate Bill 1013. Había superado el Senado estatal con apoyo sólido y parecía encaminado a convertirse en ley, pero el último día legislativo del año la líder mayoritaria de la Asamblea, Cecilia Aguilar-Curry, lo detuvo antes de que pudiera someterse a votación. Legisladores describieron lo ocurrido como «misterioso».
Un año antes, una propuesta similar sí llegó al escritorio del gobernador Gavin Newsom. Él la vetó.
Catherine Crump, codirectora del Centro de Derecho y Tecnología de UC Berkeley, calificó el resultado como «decepcionante, en un momento en que existe una preocupación bipartidista sobre esta herramienta de vigilancia masiva». Crump había testificado a favor del proyecto en julio.
Qué hace exactamente esta tecnología — y por qué inquieta
Los lectores automáticos de placas funcionan con cámaras e inteligencia artificial: capturan los números de placa de los vehículos que pasan, los registran y los integran a redes que pueden compartir información a nivel local o nacional, en tiempo real. Más de 230 departamentos policiales en California usan actualmente estos sistemas, según la senadora Sabrina Cervantes, autora del SB 1013.
La tecnología tiene usos legítimos, como localizar sospechosos o encontrar personas desaparecidas. También se ha vinculado a usos que violan la ley estatal, entre ellos la vigilancia de comunidades inmigrantes en coordinación con autoridades federales.
La precisión tampoco es infalible. Una auditoría del Departamento de Policía de Los Ángeles, publicada en julio, encontró que uno de cada tres vehículos identificados como robados por las cámaras de Flock Safety era una identificación incorrecta. Esos errores no son abstractos: pueden derivar en confrontaciones violentas.
Abusos documentados: de acoso a errores fatales
Los problemas de precisión son solo una parte del asunto. El otro es la conducta de quienes operan la tecnología.
A nivel nacional, existen cerca de 70 casos documentados en los que oficiales usaron lectores de placas para rastrear a sus esposas, acechar a exparejas o seguir intereses románticos, según reportes del Washington Post. Uno de los casos más recientes ocurrió en California: Alexander Vanny, exdeputado del condado de Riverside, fue sentenciado en febrero a seis años de prisión por usar Flock Safety para acechar a su exprometida.
En California, legisladores identificaron usos ilegales en al menos siete condados: Los Ángeles, Marin, Orange, Riverside, Sacramento, San Diego y Shasta. La Fiscalía General del estado ha contactado a 18 agencias por posibles violaciones y presentó una demanda contra la ciudad de El Cajon para detener la práctica.
El rechazo ciudadano se acelera — y las ciudades actúan solas
Mientras el poder legislativo estatal permanece paralizado, el rechazo crece desde abajo.
En agosto, más de 200 ciudades o agencias policiales en todo el país cancelaron contratos con empresas de lectores de placas —el mayor número de cancelaciones en un solo mes desde 2021, según Secure Justice, una organización de privacidad con sede en el Área de la Bahía. En California, El Cerrito, Campbell, Los Ángeles y Redwood City terminaron contratos con Flock Safety en semanas recientes, sin esperar una ley estatal que no termina de llegar.
La preocupación trasciende partidos. Activistas como Crystal Zermeño, de Oakland, señalan que la tecnología podría usarse para rastrear a mujeres que buscan servicios de aborto o para facilitar operativos de migración federal. «¿Cómo es posible que como estado no tengamos la voluntad política para hacer esto?», preguntó Zermeño tras conocer la muerte del proyecto.
Qué proponía el proyecto de ley — y por qué cayó
El SB 1013 no era una propuesta radical. Era, en muchos sentidos, un mínimo razonable.
Habría limitado el uso de datos de placas exclusivamente a la búsqueda de sospechosos o personas desaparecidas, exigido capacitación en privacidad y ciberseguridad a los agentes, restringido por defecto el intercambio con bases de datos nacionales y requerido auditorías aleatorias por parte de la Fiscalía General. El proyecto ya había sido debilitado durante su trayecto legislativo: la exigencia original de borrar datos a los 30 días fue reemplazada por una obligación de «archivarlos» a los 60 días, con acceso posterior solo mediante orden judicial. Aun así, casi 40 agencias policiales y sindicatos se opusieron.
«Estábamos preocupados de que este proyecto limitara la utilidad de los datos para resolver crímenes y encontrar personas desaparecidas», declaró Cory Salzillo, director legislativo de la Asociación de Sheriffs de California.
Lo que viene: otra oportunidad — o el mismo ciclo
La senadora Cervantes ya anunció que seguirá adelante. «Espero continuar luchando por los derechos de privacidad de los californianos el próximo año», escribió en un comunicado tras la muerte del proyecto.
La pregunta es si el contexto político habrá cambiado lo suficiente. El rechazo ciudadano sigue creciendo, las ciudades continúan cancelando contratos por su cuenta y los casos de abuso documentados no dejan de acumularse.
Lo que ocurra en la próxima sesión legislativa dirá mucho sobre si California está dispuesta a establecer reglas para una tecnología que ya opera, sin frenos claros, en más de 230 de sus departamentos policiales. Por ahora, los datos de cada trayecto siguen acumulándose en servidores sin que ninguna ley estatal defina con precisión quién puede verlos, cuánto tiempo pueden guardarse o para qué pueden usarse.
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