Tras la decisión de la EPA de extender la fecha límite para que las refinerías cumplan con las cuotas de los biocombustibles, medios internacionales como Reuters confirmaron el desplome del valor de los créditos de cumplimiento (RINs) en el mercado. El fenómeno llamó la atención de las autoridades del Congreso, que advirtieron que la liberación masiva de RINs reduciría el interés de los inversores en el sector.
El anuncio de la EPA que propició la caída de los RINs
Recientemente, la EPA aprobó la extensión del plazo para que las refinerías liberen las cuotas RINs a las que se comprometieron tras no cumplir con el porcentaje de biocombustibles en la mezcla de gasolina disponible para venta. Sumado a ello, reveló su disposición de eximir de esta responsabilidad, impuesta por la ley Renewable Fuel Standard, a algunas refinerías de menor tamaño, argumentando que los costos operativos de cumplir con la normativa perjudican a las pequeñas empresas.
El organismo explicó que las exenciones permitirán la venta de E10 (gasolina mezclada con un 10 % de etanol) a partir del 1 de septiembre. Su responsable, Lee Zeldin, defendió la medida como una herramienta para aumentar el suministro de gasolina de invierno (más barato de producir) y reducir su precio al público. «El presidente ha priorizado que las familias tengan acceso a gasolina y energía a precios asequibles», argumentó.
La novedad no pasó desapercibida en el mercado de los combustibles, que se paralizó ante la sobreoferta de RINs y la caída de su precio. Según datos de Reuters, los precios de los créditos de mezcla de etanol convencional cayeron en picada hasta alcanzar el US$1,75 por crédito, el valor más bajo registrado desde abril de este año.
La voz de las autoridades republicanas en el Congreso
El fenómeno acrecentó la preocupación sobre el futuro de la producción de etanol y otros combustibles, ante la reducción del incentivo económico. Al respecto, el congresista republicano Brad Finstad, que representa al primer distrito de Minnesota, advirtió que las exenciones a las fábricas de combustible «perjudicarían significativamente la inversión en biocombustibles, diésel renovable, etanol y soja», y dejarían en desventaja a agricultores y consumidores en comparación con las empresas de combustible.
Desde Iowa, Ashley Hinson, voz del segundo distrito y correligionaria de Finstand, compartió el planteo y reveló que presentó una petición ante la Casa Blanca para frenar las nuevas exenciones, argumentando el compromiso del presidente Trump de conquistar «los objetivos de mezcla de biocombustibles más ambiciosos de la historia» de EE. UU.
Por su parte, Zach Nunn, también integrante del Partido Republicano y representante del tercer distrito congresional de Iowa, fue categórico al afirmar que los biocombustibles aseguran «precios más bajos en las gasolineras, mercados más fuertes para los agricultores y más energía producida a escala local». «Insto a la EPA a mantener el progreso alcanzado en el Conjunto 2», manifestó, en referencia a la legislación que establece obligaciones de volúmenes renovables.
En esta misma línea, el empresario y congresista Randy Feenstra, también oriundo de Iowa, expresó su preocupación por el efecto de las exenciones en la disminución de la demanda interna. «En un momento en que nuestra economía agrícola más necesita de nuestra ayuda, me preocupa que los cambios en las exenciones socaven la demanda interna», explicó.
La sugerencia de WRI para producir combustible sostenible
El World Resource Institute compartió un informe que detalla las amplias posibilidades de aprovechar los residuos agrícolas como materia prima para producir combustible sostenible de aviación (SAF). Según sus estudios, el carburante producido con rastrojo de maíz lograría reducir las emisiones de las aeronaves en un 75 %, y abriría un nuevo mercado para los trabajadores del sector.
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