El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó una modificación en el Registro Federal que actualiza el Programa de Asistencia para Biorrefinerías, Químicos Renovables y Manufactura de Productos Biobasados. La noticia se hizo oficial este jueves por la mañana a través del Servicio Rural de Negocios y Cooperativas (RBCS) y ya está en vigencia por su publicación.
Problema de raíz que el USDA busca cambiar
Según lo especificado en la documentación oficial, el departamento intentará detener las deudas de los prestatarios de las subvenciones, ya que en su mayoría son mal administradas o, en caso diferente, sufren sobrecostos. El USDA argumenta que el Estado termina pagando el costo de una mala gestión privada y el beneficio queda en manos de quien justamente causó la pérdida.
«Una distorsión que convierte esta asistencia gubernamental en una donación encubierta», señalaron desde la agencia para criticar el accionar que pretende ser frenado con la nueva modificación oficial. A continuación, explicaremos qué actividades quedarán prohibidas por lo publicado en el Registro Federal.
Nueva regla del USDA
El USDA anunció la norma que regula el préstamo de hasta US$250 millones para el desarrollo, construcción y renovación de plantas dedicadas a los biocombustibles rurales, productos biobasados y químicos renovables. Con esta actualización, se suma la medida de integridad destinada a evitar que los receptores de los préstamos se beneficien económicamente luego de que el departamento haya absorbido la pérdida financiera por un proyecto fallido.
La intención principal es cerrar el vacío legal que permitía que los responsables de proyectos fracasados en el sector continúen con ganancias a costa del Estado. Para ello, el artículo 4287 345 (c) prohíbe la quita de deuda cuando el prestatario o garante conserva el control y la autoridad de decisión sobre el negocio, salvo que un tribunal de quiebras lo ordene.
Además, el artículo 4287 358 (h) agrega un apartado que impide a los prestatarios o garantes continuar involucrados cuando la agencia sufre una pérdida económica, poniéndose en vigencia desde el mismo 9 de julio de 2026, el día de la publicación de la medida en el Registro Federal de los Estados Unidos.
El apoyo explícito ante esta modificación llegó por parte de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios y la Oficina de Administración y Presupuesto, que firmaron la orden ejecutiva. Para que esta norma se haya convertido en oficial, además, no se requirió de una consulta formal con gobiernos tribales, aunque el USDA se comprometió a coordinar reuniones con algunas tribus si lo solicitan.
La medida fue impulsada principalmente por Victoria Collin, administradora interina del RBCS, y quiere proteger al mercado de los combustibles limpios que siguen avanzando en la zona rural de Estados Unidos. En este caso, podría afectar a proyectos que incumplieron el reembolso al Estado establecido por la ley.
Pasos a seguir por el USDA
Para llegar a la publicación oficial de esta modificación ligada a los biocombustibles, el apartado de «Orden Ejecutiva» explicó que se llevaron a cabo integraciones con la Reforma de Justicia Civil, la norma que prevalece sobre las leyes estatales o locales que entran en conflicto, y la Orden Ejecutiva del Federalismo, que omite los costos directos de cumplimiento a gobiernos estatales o locales, por lo que no requirió consulta con los estados.
En caso de que una persona busque contactarse y reclamar por la medida, el USDA habilitó su canal de denuncias por discriminación mediante un formulario AD-3027, disponible tanto por correo como por fax, destinado a proveedores, empleadores y prestamistas. El objetivo, como parte de la puesta a punto de la nueva normativa, busca «ofrecer igualdad de oportunidades en el sector rural», explicaron oficialmente.