La expansión de la movilidad eléctrica está cambiando rápidamente el entorno urbano de los países en vías de desarrollo, apoyada por el indiscutible ahorro en los costos operativos diarios. Sin embargo, un argumento reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que esta atractiva transición se encuentra con importantes obstáculos estructurales. Pese al número récord de ventas a nivel mundial de vehículos eléctricos, los altísimos costos de la financiación comercial y la inquietante e incesante falta de normativas para el reciclado seguro de las baterías de iones de litio amenazan con detener el avance.
El incremento del transporte eléctrico
En capitales como Nairobi, los conductores de mototaxis han llegado a entender rápidamente la ventaja que ofrece el cálculo de la ausencia de combustibles fósiles. Mientras un trabajador utiliza para gasolina hasta un 60 % de sus ingresos diarios, recargar la batería de una motocicleta eléctrica cuesta menos de US$2. Este es un ahorro que despertó la motivación para que Kenia multiplicara por tres las ventas de unidades de motocicletas eléctricas en el año 2025. Esta tendencia se repite también en India, donde los triciclos eléctricos acaparan casi el 70 % del mercado, así como en países como Etiopía, Ruanda y Burundi, que han impuesto restricciones a la importación de motores de combustión interna para avanzar en la ecologización.
Sin embargo, el principal obstáculo para una masificación de esta tecnología es el altísimo costo de la adquisición y la falta de acceso al crédito. De acuerdo con el informe titulado «Capital 2 Mobilize» del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, serán precisos en torno a US$110 000 millones entre 2026 y 2035 para este sector.
El déficit de infraestructura y la gestión de baterías de desecho
El segundo gran reto al que se enfrentan los responsables de la logística es el hito de la escasez clara de las redes de recarga para el parque público, incapaces de seguir el ritmo vertiginoso del crecimiento del mercado. En los mercados emergentes (como Tailandia y la India), la demanda de vehículos supera ampliamente la capacidad para seguir montando nuevos cargadores.
La amenaza medioambiental silenciosa y potencialmente más grave es el final de la vida útil de los equipos. El informe técnico del PNUMA estima que para el 2035 más de 4 millones de toneladas de baterías de iones de litio de desecho ya habrán llegado a los países de ingresos bajos y medios, ocultas en millones de coches eléctricos de segunda mano importados.
A esto hay que añadir los 65 millones de vehículos de desecho procedentes de esa etapa, con más de 842 000 toneladas de plomo, un metal pesado del que, de hecho, mueren millones de personas cada año. A pesar de que la tecnología del reciclaje avanzado actual permite recuperar casi el 100 % de los metales de transición de una batería ya no útil en la actualidad, el peligro inminente es que, sin regulación, esos metales y elementos acaben en vertederos a cielo abierto.
Soluciones de carácter regulador
Con el objetivo de detener este debacle ecológico, la ONU reclama que se implementen esquemas de responsabilidad extendida de los productores y sistemas nacionales de seguimiento físico para las baterías. La recomendación del PNUMA es la de formalizar urgentemente a los trabajadores de los vertederos informales y exigir por ley un porcentaje mínimo de contenido reciclado en las nuevas baterías de iones de litio que se fabriquen.
Rob de Jong (jefe de la Unidad de Movilidad Sostenible en el PNUMA) sintetiza el problema de la forma siguiente: «Nuestra tarea ahora es asegurarnos de que la financiación asequible llegue a los conductores que más la necesitan y que cada batería que se venda hoy tenga un lugar seguro al que ir mañana».
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