En una larga sesión que finalizó con las primeras luces de la madrugada de este viernes 27, el Senado de los Estados Unidos finalmente desbloqueó una parte muy importante del estancamiento que ha estado sufriendo el país durante 42 días. Por un acuerdo unánime, sin votación nominal, los senadores alcanzaron la aprobación de un nuevo paquete de gastos de emergencia dirigido a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Acuerdo para la TSA y el fin de la parálisis aeroportuaria
La aprobación de este paquete de fondos se debe a una intensa presión social y económica que ya se había vuelto insostenible. Se estaban registrando tasas de ausentismo en la TSA por encima del 11 % a nivel nacional y había aeropuertos como el Intercontinental George Bush en Houston con filas que iban por encima de dos horas y media. La administración, en definitiva, tuvo que actuar para no llegar al extremo de tener que cerrar el espacio aéreo.
El republicano John Thune, se pronunció sobre lo incompleto del acuerdo afirmando que «podemos hacer que al menos una muy buena parte del gobierno vuelva a funcionar y después ya veremos a partir de ahí», lo que pone de relieve que todavía queda trabajo legislativo por delante.
El presidente Donald Trump, por su parte, en un intento de atenuar lo que llamó un «caos en los aeropuertos» anunció que promovería la firma de una orden para garantizar a los agentes de la TSA el cobro inmediato. Esta decisión ha traído alivio a los sindicatos de trabajadores del gobierno, aunque ha generado muchas críticas de parte del ala más conservadora del Partido Republicano.
El congresista John Rose expresó su descontento a través de sus canales oficiales, señalando que, mientras los ciudadanos dormían, algunos senadores republicanos «lanzaron a los demócratas radicales un salvavidas político para terminar con el cierre del gobierno sin financiar al ICE ni a nuestra valiente Patrulla Fronteriza».
La exclusión estratégica de ICE y CBP
El proyecto de ley cubre los gastos correspondientes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y la nombrada TSA, pero no incluye ninguna nueva asignación para las operaciones de control del flujo migratorio. Según fuentes del Congreso, el hecho de dejar fuera del pacto al ICE y a Protección Fronteriza no fue un despiste, sino que fue una maniobra estratégica.
El financiamiento de la seguridad en las fronteras tendría que ser mediante un proceso de «reconciliación», una vía legislativa que solo necesitan una simple mayoría de 50 más 1 votos para su aprobación, de tal manera que los republicanos obtienen una vía potencialmente más rápida para implementar la agenda de deportaciones de Trump sin tener que aceptar concesiones bipartidistas mayores.
Desde el lado demócrata, el líder del Senado, Chuck Shumer, defendió el hecho de no incluir fondos, alegando que su partido seguirá luchando para que el flujo del mandato migratorio del presidente «no reciba más financiamiento sin una reforma seria», lo que genera un parón en la ejecución de la ley SAVE America, y del presupuesto operativo del ICE.
Crisis en las terminales
La Federación Americana de Empleados Gubernamentales indicó que casi sobrepasan los 500 los agentes de la TSA que han renunciado a su puesto como consecuencia de las dificultades financieras derivadas del cierre. Las historias de los pasajeros que han perdido sus vuelos esperando en una larga fila, se han multiplicado, las cuales han tenido un efecto notable sobre la opinión pública al observar el funcionamiento del gobierno.
En conclusión, el acuerdo alcanzado en el Senado representa un respiro necesario para el sector del transporte y una victoria táctica para aquellos que buscaban desvincular la operatividad de la TSA de la encarnizada lucha por la frontera.