El Gobierno de EE. UU. amplió las investigaciones por los fraudes de Medicaid y Medicare en 10 estados del país. En este marco, descubrieron nuevas irregularidades en Florida, donde, según la administración de Donald Trump, habría estado implicado el Gobierno de Cuba. Frente a estas acusaciones, la Cancillería cubana emitió un tajante comunicado, en el que negó rotundamente estos señalamientos y advirtió que se trata de calumnias promovidas por sectores anticubanos.
Fraudes y nuevas investigaciones
Tras el registro de anomalías financieras en el programa de Medicaid en Minnesota, el Gobierno estadounidense decidió reforzar las investigaciones a lo largo de todo el país. Mientras tanto, California y Florida también mostraron millonarias pérdidas a causa de malversaciones de los fondos enviados por la administración republicana para el programa estatal y federal de salud de Medicare.
En el Estado Dorado, el Departamento de Justicia logró desarticular una red de profesionales que operó durante años en centros de cuidados paliativos ubicados en Los Ángeles. Con distintas estrategias de fraude, estos delincuentes robaron más de US$50 millones. Según las investigaciones, los médicos involucrados presentaban facturas falsificadas y diagnósticos inexistentes para respaldar la facturación de los servicios no justificados.
Ante estas irregularidades, las autoridades intensificaron los trabajos de investigación, con el objetivo de detectar cualquier anomalía que represente pérdidas para el Gobierno. Otra decisión adoptada por la administración republicana fue realizar recortes en estos programas, lo que afecta a millones de estadounidenses que no poseen los recursos para costear su atención médica. Pese a las críticas de la oposición, Donald Trump se mostró tajante en su postura.
El descargo del régimen cubano
En medio de las nuevas investigaciones, funcionarios del Gobierno de EE. UU. acusaron al régimen cubano de estar involucrado en los fraudes de Medicare registrados en el sur de Florida. El descargo de la administración de Miguel Díaz-Canel no tardó en llegar, negando por completo estas denuncias y advirtiendo que estas calumnias son solo una estrategia promovida por sectores anticubanos para generar polémica en torno a su comunidad.
Bruno Rodríguez, canciller de la isla, compartió este comunicado en su cuenta oficial de X, donde también destacó que estas acusaciones son especulaciones sin evidencia alguna. «Cuba tiene una posición firme de rechazo a este y otros delitos transnacionales. Eso lo conoce bien el Gobierno de Estados Unidos, el cual ha intercambiado y coordinado acciones conjuntas con nuestro gobierno», aseveró el funcionario.
En ese sentido, el canciller recordó que la administración de Díaz-Canel lleva adelante una política tajante respecto al terrorismo, asistencia judicial, seguridad comercial, tráfico ilícito de drogas, tráfico de migrantes, delitos financieros, ciberdelitos y lavado de activos. Y si bien, en un principio, se idearon acciones conjuntas para estas problemáticas, Rodríguez reconoce que no hubo una conducta recíproca desde Washington.
Mecanismos bilaterales
En el comunicado compartido en la web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, las autoridades destacaron que la postura tajante frente a estos delitos quedó reflejada en los procesamientos de personas que radican en territorio nacional y han estado vinculadas con el fraude de Medicare en EE. UU. Según destacaron, Washington y La Habana apostaron por mecanismos bilaterales para accionar frente a delincuentes.
Es por eso que consideran injustas las recientes acusaciones contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que mostró una postura colaborativa con EE. UU. en todo momento frente a este tipo de delitos. «Los funcionarios de Gobierno de Estados Unidos que se citan para esta calumnia faltan a la verdad conscientemente», advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.
En esa misma línea, resaltaron la voluntad del Gobierno de Cuba para enfrentar de manera conjunta los delitos transnacionales originados en EE. UU. mediante el intercambio oportuno de información. De esta forma, la captura de estos delincuentes y la posterior devolución de ciudadanos radicados en el país norteamericano se concretaría mucho más fácil.