El gobierno de Estados Unidos notificó mediante el Departamento del Tesoro que anunció cambios que buscan restringir los créditos fiscales reembolsables, una medida que lleva meses preparándose dentro de la administración de Donald Trump, pero el comunicado llegó acompañado de argumentos legales, un calendario de aplicación y un mensaje político claro por parte del gobierno.
Nuevas regulaciones para que no abusen del crédito fiscal
El Departamento del Tesoro confirmó que emitirá regulaciones para precisar el tratamiento de varios créditos reembolsables vinculados al impuesto sobre la renta individual, bajo el marco de la Ley de Conciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA).
Cabe mencionar que, bajo estas circunstancias, se trata de un conjunto de definiciones que, aunque suenan técnicas, afectan directamente quién puede recibir apoyo económico financiado por el contribuyente, esto en el contexto en que Estados Unidos declara al Cartel de los Soles como organización terrorista, dejando en claro que los créditos involucrados incluyen el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo, el Crédito Fiscal por Hijos Adicionales, el Crédito Fiscal por Oportunidades Estadounidenses y el Crédito de Igualación del Ahorrador.
Hasta ahora, el acceso a estos apoyos generaba interpretaciones diversas entre agencias; con el nuevo aviso de reglamentación, el Tesoro pretende cerrar esos vacíos, pero la administración definirá las partes reembolsadas de estos créditos como «beneficios públicos federales», lo que, según PRWORA, excluye automáticamente a inmigrantes ilegales y a otros extranjeros no calificados; es decir, el endurecimiento estaría dirigido a evitar que estos grupos reclamen beneficios fiscales reembolsables.
El mensaje político desde el Tesoro de EE.UU
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acompañó el anuncio con un mensaje contundente a través de un escrito publicado en su cuenta de X, afirmó: «Bajo el liderazgo del presidente Trump estamos haciendo cumplir la ley e impidiendo que los inmigrantes ilegales reclamen beneficios fiscales destinados a los ciudadanos estadounidenses».
Bajo este aspecto, el funcionario también defendió el trabajo interno detrás de esta iniciativa, al asegurar que tanto la Oficina de Política Fiscal como el Servicio de Impuestos Internos «han trabajado incansablemente» para garantizar su implementación.
De esta forma, este esfuerzo demuestra la intención del gobierno de «defender la integridad de nuestro sistema tributario», pero este mensaje insiste en un punto importante: los recursos fiscales, señala Bessent, deben dirigirse solo a quienes tienen derecho legal a recibirlos, lo que demuestra que su argumento se alinea con la postura migratoria de la administración, que busca evitar cualquier incentivo económico para personas sin estatus legal.
Aplicación prevista y aval legal para lo planteado
Otro dato clave a considerar es que el anuncio tiene sustento jurídico, debido a que la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia emitió una opinión que respalda la interpretación del Tesoro sobre qué se considera un beneficio público bajo PRWORA, pero hay que demostrar que esto deja en claro que el dictamen abre camino para que el gobierno avance sin obstáculos regulatorios.
Con este respaldo, el Tesoro adelantó que publicará un aviso de reglamentación propuesta en un plazo corto, pero después vendrá el período de comentarios, ajustes y, finalmente, la publicación de la norma definitiva. Según lo previsto, las regulaciones finales empezarían a aplicarse a partir del año fiscal 2026, un plazo que permitirá a agencias y contribuyentes adaptarse.
De momento, para la administración de Trump, esta decisión representa, según el propio comunicado, una «victoria» en su compromiso de aplicar estrictamente las leyes migratorias y de proteger los beneficios financiados por los contribuyentes. Entonces, esto demuestra que no hay cifras nuevas ni proyecciones económicas, pero sí un mensaje claro: el sistema fiscal no será una vía de acceso para quienes no cuentan con autorización legal. Este ajuste redefine qué créditos reembolsables son considerados beneficios públicos federales y, con ello, restringe el acceso de inmigrantes no clasificados, a quienes Trump les prohibió beneficios de seguridad social.