El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum que marca un nuevo endurecimiento en la política migratoria del país. Es un paso firme que busca cerrar cualquier resquicio en la normativa actual.
Este documento, difundido por la Casa Blanca, busca restringir de forma definitiva el acceso de inmigrantes indocumentados a los beneficios financiados por el sistema de Seguridad Social, afectando a cerca de 1.4 millones de personas que ingresaron legalmente con permisos condicionales.
Esto podría quedar fuera de beneficios si se les clasifica como “no ciudadanos no calificados». Además, esta medida instruye a las agencias federales a identificar y eliminar cualquier programa que, directa o indirectamente, destine fondos a individuos en situación migratoria irregular.
Los vacíos legales que tiene ese sistema para los migrantes
Este movimiento legal impide que los inmigrantes sin estatus legal accedan a prestaciones del Seguro Social, hay vacíos que se aprovecharon. Sin embargo, varios trabajadores indocumentados consiguieron empleo utilizando números falsos o prestados, lo que les permite cotizar, pero no recibir los beneficios.
Esta situación creó un sistema contradictorio en el que los individuos aportan al fondo federal sin la posibilidad de recibir nada a cambio. Por este motivo, la ley vigente no los reconoce como beneficiarios, lo que deja millones en contribuciones retenidas en el sistema.
De todas formas, en el escrito firmado, la sorpresa vino al incluir una nueva estrategia: impedir que los inmigrantes indocumentados accedan al Segura Social, incluso si contribuyeron con años de trabajo bajo identidad falsa.
Trump ordena que se investigue el ingreso de personas mayores
El objetivo de la maquinaria detrás del memorando es garantizar que los beneficios se destinen en exclusiva a quienes son elegibles. Ante esto, se incorporarán nuevas herramientas de fiscalización y se sumarán fiscalías estatales a los programas anti fraude del Seguro Social.
Fue el propio mandatario quien también ordenó que se investigue el ingreso de personas mayores de 100 años afiliadas al sistema, una táctica para detectar casos de robo de identidad y cobros fraudulentos de pensiones de personas fallecidas, se extenderá al Medicare y Medicaid.
Además, los fondos federales quedarán prohibidos en jurisdicciones «santuario», donde autoridades locales evitan cooperar con agentes migratorios. Estas ciudades serán excluidas de recibir recursos si no ajustan sus políticas a las nuevas directrices federales.
Los detalles que engloban el plan de Trump para deportar a los inmigrantes
En cuanto a los beneficios sociales, Trump dio otro paso como para deportar a un millón de personas en 2025. La cifra fue revelada por The Washington Post, más que duplica el récord de deportaciones alcanzado en 2011 bajo la administración de Barack Obama, con 400.000 expulsiones.
La idea del mandatario contempla la repatriación de migrantes a terceros países, incluso si no son ciudadanos de esos territorios (el gran anuncio de Estados Unidos que despertó curiosidad). Según funcionarios norteamericanos, se están manteniendo conversaciones con más de 30 gobiernos para recibir a los deportados.
Por otro lado, el pasado 15 de marzo se expulsaron a 238 venezolanos a El Salvador, usando una ley de 1897 llamada Ley de Enemigos Extranjeros. Así esta acusación pertenece a bandas criminales, sin que se hayan presentado pruebas públicas.
Los programas humanitarios de la administración de Biden en el ojo de la tormenta
Alrededor de 1.4 millones de personas fueron las que ingresaron ilegalmente con permisos condicionales que podrían quedar fuera de beneficios si se les clasifica como “no ciudadanos, no calificados”, sobre todo si los estados no reducen el período de espera a cinco años.
Cabe mencionar que se incluye a los migrantes que utilizaron la aplicación CBP One en la frontera con México, así como a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que entraron por vía aérea con permisos especiales, que ya fueron canceladas por el gobierno actual.
En cuanto a la orden también podemos decir que exige que todas las agencias federales eliminen cualquier regulación indicada como una “extralimitación», en coordinación con el Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk.