En estas últimas semanas, el Gobierno de Venezuela, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, mostró una fuerte predisposición para mantener la estabilidad del país y cuidar sus relaciones internacionales. Esto incluyó la aceptación de la Ley de Amnistía, la liberación de nuevos presos políticos y la apertura del diálogo con la oposición. No obstante, desde el espacio opositor existen ciertas dudas respecto a esta nueva postura del régimen, a la que consideran una «simulación».
La importancia de la Ley de Amnistía para Venezuela
La Ley de Amnistía, impulsada por Delcy Rodríguez al asumir la presidencia interina del Gobierno venezolano, se aprobó este jueves, luego de extensos debates. Se trata de una normativa histórica, que podría ser la herramienta principal para la liberación de los presos políticos y la estabilización actual del país. «Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela», advirtió la mandataria tras promulgarse la norma.
Siguiendo esta línea, Rodríguez expresó que esta normativa sería clave para «reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo», a la vez que podría ayudar a reencauzar la justicia y la convivencia entre sus ciudadanos. «La ley debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», aseveró.
El discurso optimista de la mandataria no convenció a la oposición, que expresó sus dudas respecto a los alcances y verdades detrás de la normativa. Uno de los principales críticos fue Alfredo Romero, director del Foro Penal, quien resaltó que la amnistía no es automática, además de tener un proceso de solicitud complicado y muchas deficiencias estructurales. «Deja a muchos afuera», aseveró.
María Corina Machado, una de las principales afectadas
Romero explicó que hay artículos bastante controversiales, como el número 9, que excluye de los alcances de la normativa a «personas que se encuentran o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras».
Es el caso de María Corina Machado, que, al igual que otros dirigentes, está acusada por instar al derrocamiento del Gobierno y respaldar las acciones de EE. UU. sobre el país caribeño. Esto deja a la líder política fuera del alcance de esta ley, algo que la oposición remarca como una fuerte inconsistencia en el discurso del régimen de cambiar su postura dictatorial y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Grave denuncia de la oposición
El malestar de la oposición se vio reflejado en una reciente entrevista de Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de Comando con Venezuela, la coalición opositora al régimen chavista, donde denunció que la Ley de Amnistía, al igual que la nueva postura dialoguista del Gobierno venezolano, no es más que una «simulación» con fines políticos ocultos.
«Simulan que hay justicia, perdón y amnistía; pero, al mismo tiempo, nombran a supuestos opositores en cargos de segunda línea para aparentar una apertura. Todo es una puesta en escena. En la práctica, lo que buscan es aislar a María Corina Machado y a su equipo, convertirlos en «tóxicos» dentro de cualquier entorno político», advirtió el líder opositor durante esta entrevista.
En esta misma línea, destacó que Estados Unidos hoy juega un rol clave para la oposición en Venezuela. Urruchurtu asegura que EE. UU. es un aliado estratégico clave en el objetivo de avanzar hacia una transición del país. Asimismo, explica que, sin ese apoyo, el sueño de restaurar la democracia en el país, el cual comenzó con la intervención militar del 3 de enero, no sería posible.
