Una serie de organizaciones internacionales como Slow Food, Greenpeace, Amigos de la Tierra Europa, Corporate Europe Observatory y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica han solicitado al Comité la adopción de medidas legales contundentes respecto a este asunto, una vez que la posición adoptada por el Consejo en junio de este año crea un procedimiento para la prohibición del cultivo de transgénicos a nivel nacional legalmente defectuoso, engorroso y limitado en el tiempo, mientras conceden a las empresas de biotecnología un papel oficial en el proceso de toma de decisiones, limitando más aún el derecho de los países a prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio.
Según Carlo Petrini, fundador y presidente de Slow Food, “los ciudadanos de la Unión Europea quieren unas políticas alimentarias que se basen en la preservación de la biodiversidad alimentaria (variedades vegetales, razas de ganado autóctonas, alimentos artesanales) y pongan en valor a los productores de pequeña escala y a los consumidores.
Exigen una mayor transparencia para gozar de la posibilidad de elegir lo que comen y beneficiarse de la soberanía alimentaria. Por ello promovemos la prohibición de todo tipo de cultivos transgénicos en Europa”.
En este sentido, Slow Food y las demás organizaciones trasladan al Parlamento Europeo, en una carta enviada el 5 de noviembre, las siguientes demandas: Permitir a los estados miembros la toma de decisiones individuales sobre la base de consideraciones nacionales y locales específicas.
Excluir cualquier tipo de papel formal de las empresas de biotecnología en el proceso de toma de decisiones.
Conceder a los estados miembros el derecho a restringir el cultivo de OGM o grupos de OGM definidos por cultivo o rasgo. Reintroducir los impactos ambientales como argumento a utilizar por los estados miembros para justificar prohibiciones nacionales.
Rechazar el plazo de dos años de límite del derecho a prohibir por parte de los estados miembros.
Exigir a los estados miembros la adopción de medidas de coexistencia a fin de evitar la presencia accidental de OGM en otros productos, en su territorio así como en las zonas fronterizas.
Exigir a los estados miembros la puesta en marcha de medidas de responsabilidad para los operadores que produzcan y cosechen OGM a fin de garantizar una compensación adecuada para aquellos agricultores y procesadores que sufren pérdidas económicas debidas a la contaminación transgénica.
Rechazar los intentos de permitir la contaminación de semillas de OGM.
Las semillas libres de OGM son una condición previa para garantizar la posibilidad y la viabilidad económica de una agricultura libre de transgénicos en el futuro.
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