Medios de comunicación estadounidenses informaron que el presidente Donald Trump, está planteando la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales a Libia y Ruanda que hayan sido detenidos en Estados Unidos, fuera de las más de 200 deportaciones a la Cecot. La propuesta detalla un registro que contiene nombres de los posibles deportados a dichos países.
Así mismo, se conoció que ya se han iniciado conversaciones con ambos países africanos y que Ruanda ha mostrado una respuesta positiva a la propuesta, según informa un funcionario del país citado. A parte de esto, la Casa Blanca tiene la disposición de entablar pactos formales para adquirir un acuerdo de tercer país seguro, lo que autoriza a Estados Unidos a trasladar a quienes solicitan asilo detenidos en la frontera estadounidense.
El intento de Trump de negociar con naciones africanas se alinea con su orden ejecutiva de enero, la cual busca pactos internacionales para deportar solicitantes de asilo e inmigrantes con antecedentes penales a terceros países. Además de, México, El Salvador, Costa Rica y Panamá, quienes ya han recibido a los supuestos criminales que no tuvieron derecho a tener audiencia previa a la deportación.
EU sostiene amenaza con trasladar a los deportados lo más lejos posible
Marco Rubio, Secretario de Estado estadounidense, dijo que la administración está trabajando con otras naciones para enviarles lo que describió como los seres humanos más despreciables, recalcando que la lejanía geográfica de estos países es satisfactorio. Los acuerdos manifiestan un aumento en el empeño de Trump para ejecutar las deportaciones masivas y promover la autodeportación.
Fuentes informaron que esta semana altos funcionarios del Departamento de Estado se reunieron con representantes libios para discutir la propuesta de enviar migrantes a ese país norteafricano. Un posible causa de la influencia para Estados Unidos en estas pláticas podría ser la amenaza, insinuada pero no especificada por el gobierno de Trump, de implantar otra prohibición de viaje a ciudadanos de varios países.
Es relevante resaltar que Libia ya fue parte de una restricción en el periodo presidencial anterior de Trump. Aunque los detalles precisos de la estructura de costos aún están en desarrollo, se anticipa que el gasto por individuo trasladado a Ruanda superará el coste promedio por persona de los deportados a El Salvador. Esta disparidad en los costes se adjudica, en su mayor parte, a que Ruanda no tiene previsto encarcelar a estas personas.
Se han presentado denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra migrantes en Libia
Los altos costes implican la necesidad de establecer y financiar alternativas de gestión y supervisión para los migrantes transferidos. Las opciones que se están evaluando, en lugar del encarcelamiento, abarcan desde centros de acogida y programas para incorporar a los migrantes en la comunidad, hasta mecanismos de supervisión menos severos. Cada una de estas alternativas conlleva sus propios desafíos económicos.
A pesar de que un informe de las Naciones Unidas de 2024 expuso años de violaciones de derechos humanos en Libia y la falta de rendición de cuentas por ellas, así como, las entidades de derechos y agencias de la ONU han evidenciado por años abusos sistemáticos contra migrantes en Libia, implicando acusaciones de trabajo forzado, golpizas, torturas y violaciones, a Trump no parece importarle estos informes por lo que continúa con la idea.
La expulsión de migrantes a Libia y Ruanda, incluso aquellos sin historial delictivo, probablemente desencadenará una nueva disputa legal. Un juez federal ya impidió temporalmente que el gobierno de Trump deportara individuos a países distintos al suyo sin antes notificarles y darles la oportunidad de oponerse a la deportación. Implementar este plan podría extenderse por semanas y se prevé su aplicación de manera selectiva o en casos específicos.
