En lo que respecta a los deportados masivos dentro del entorno de las políticas migratorias de Donald Trump, quien desde su primera candidatura en 2016, el republicano dejó claro que haría todo lo necesario para expulsar a inmigrantes irregulares de Estados Unidos, pero ahora en su segundo ciclo decidió invocar una legislación casi olvidada para cumplir su promesa.
Sin dudas, el uso de leyes extremas le permitió poder actuar con cierta rápidez; pese a los bloqueos judiciales y las críticas de diversas organizaciones de derechos humanos, la administración de Trump continúa con su política de mando duro en materia migratoria; por ello, la deportación de criminales organizados fue el argumento principal.
De todas formas, el pasado sábado Trump decidió declarar a la organización criminal Tren de Aragua como una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Con esta justificación, su administración tomó la determinación de aplicar una ley que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial para facilitar la expulsión de cientos de presuntos pandilleros.
Utilizar la Ley de Enemigo Extranjero como herramienta migratoria
Para ponernos en contexto, la legislación en cuestión, llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, es una norma creada originalmente para tiempos de guerra, ya que permite al presidente ordenar la detención y expulsión inmediata de ciudadanos extranjeros de países con los que Estados Unidos se encuentre en conflicto o que representen una amenaza a su territorio.
En lo que respecta al correr de la historia, esta normativa se aplicó en momentos claves como lo fue la Primera Guerra Mundial, donde fue utilizada contra ciudadanos alemanes (Estados Unidos esconde el coche 100 % nuclear). En la Segunda Guerra Mundial, permitió la reclusión de ciudadanos japoneses, alemanes e italianos, pero tras esto, su uso había quedado archivado debido al fin de estos conflictos.
Hasta el momento, la decisión de Trump de poder utilizar esta ley se debe a que este sábado un juez federal emitió una orden de restricción temporal contra su aplicación, señalando que no existen fundamentos para calificar al Tren de Aragua como una “invasión depredadora”, pero la Casa Blanca ignoró la decisión y procedió con las deportaciones.
La posición que tiene El Salvador ante los deportados que debe recibir
Desde que está Trump en Estados Unidos, el tema de las deportaciones despierta cada vez más polémica y, en este caso, en lugar de que los deportados sean enviados a su país de origen, los miembros del Tren de Aragua fueron trasladados a El Salvador, lo que sería un acuerdo entre el mandatario republicano y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Bajo este aspecto, Bukele confirmó la llegada de los primeros 238 deportados a su país y su inmediato traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. Mediante un mensaje publicado en X, Bukele reveló que estos individuos permanecerán encarcelados por un período de un año, que será renovable de acuerdo a las necesidades.
A cambio, Estados Unidos pagará a El Salvador una suma de 6 millones de dólares para la manutención de los reclusos. Esta cifra, aunque modesta para Washington, representa un gran costo para el gobierno salvadoreño, que ya enfrenta problemas de sobrepoblación carcelaria y denuncias por violaciones a derechos humanos en su sistema penitenciario.
La respuesta de Venezuela ante la medida de Trump
En lo que respecta al gobierno de Venezuela, con Nicolás Maduro a la cabeza, rechazó de manera rotunda la deportación de sus ciudadanos bajo esta legislación. A través de un comunicado oficial, Caracas calificó la medida como una “violación flagrante de los derechos humanos” y acusó al mandatario estadounidense de utilizar leyes anacrónicas para criminalizar a los migrantes venezolanos.
Cabe mencionar que, para el país que preside Maduro, la decisión de deportar a los presuntos miembros del Tren de Aragua (ONU cuestiona actuaciones judiciales) a un tercer país es una maniobra política que busca alejarse de tomar las decisiones que dejan responsabilidades internacionales.
Maduro también denunció que muchos de los deportados podrían no tener relación alguna con la organización criminal, ya que no se realizaron procesos judiciales adecuados para determinar su culpabilidad. Algunos de los organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, mencionaron su preocupación por el uso de esta ley que criminaliza, en este contexto, a los extranjeros.