Como viene sucediendo desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el gobierno desató otro conflicto que esta vez no está relacionado con los aranceles a México y Canadá o la guerra de Rusia y Ucrania.
Esta vez el Departamento de Justicia pidió a un juez federal que ordene la desintegración del negocio de publicidad digital de Google. Sin embargo, la petición fue presentada en el marco de un proceso judicial que pone bajo la lupa las prácticas comerciales del gigante tecnológico, acusado de violar las leyes antimonopolio.
La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, donde el Departamento de Justicia expuso sus argumentos ante el tribunal. La fiscal a cargo, Julia Tarver, fue la encargada de representar al gobierno federal y señaló que Google, filial del conglomerado Alphabet, encontró mecanismos para evitar regulación y conservar su control sobre el ecosistema publicitario online.
El problema con el gigante tecnológico: la publicidad no es fruto del azar
En este caso, el Departamento de Justicia sostiene que la influencia de Google en la publicidad digital no es azarosa, sino de una estrategia planificada. Al parecer, la empresa habría diseñado un modelo que le permite tener el control total del proceso publicitario.
Esta manera de manejarse, se encuentra desde la oferta y la demanda de espacios (Estados Unidos y sus cambios en aranceles), hasta la tecnología que intermedia entre anunciantes y editores, permitiendo que este dominio cree un entorno en donde la competencia es inexistente, según los fiscales.
Esto que venimos mencionando, marca que la compañía opera con un claro conflicto de interés, ya que interviene como comprador, vendedor y mediador al mismo tiempo. Esto restringe la innovación y también perjudica a los anunciantes que buscan precios más competitivos y a los editores que dependen de ingresos publicitarios por eso la justicia señala que Google tiene conductas monopólicas.
La idea del gobierno estadounidense y la propuesta de desmantelamiento
El gobierno plantea que la única forma de restaurar el equilibrio en el mercado es separando a Google de partes clave de su infraestructura publicitaria, medida que, de aprobarse, sentaría un precedente histórico. Al hacer esto, la empresa debería desprenderse de Google Ad Manager, y su plataforma de intercambio, AdX.
Ambas herramientas mencionadas le otorgan el control de una cadena de valor estimada en más de 300 mil millones de dólares anuales. Tarver sostiene que permitir a la empresa que siga operando sin cambios reales podría perpetuar el daño que ya causó al entorno digital.
La expectativa es que la intervención judicial logre reestablecer un mercado más justo y competitivo pero Google no se quedó de brazos cruzados porque rechazó los cargos ya que sostiene que la ruptura de su negocio afectaría a medios de comunicación pequeños e independientes, siendo que millones de empresas usan el servicio.
Estados Unidos aguarda esta resolución: cómo sigue el proceso
Otro punto a tener en cuenta es que la empresa líder advierte que millones de empresas que hoy dependen de sus herramientas para publicitar productos y servicios verían mermada su capacidad de llegar al público.
Sin embargo, Estados Unidos observa la resolución del tribunal porque esto no solo afecta a los involucrados sino que podría redefinir las reglas del mundo digital. Este viernes se llevó a cabo la audiencia que tenía como objetivo definir los próximos pasos del proceso, que continuará en septiembre con la segunda fase del juicio.
Allí se evaluarán las medidas correctivas propuestas por el Departamento de Justicia y se decidirá si la separación de los activos publicitarios de Google será obligatoria, si este desmantelamiento se llega a concretar, otras compañías del sector podrían sufrir las consecuencias.
