El juez federal James E. Boasberg declaró este miércoles en referencia a la actualidad vinculada a los migrantes, que existe causa probable para iniciar un proceso de desacato penal contra el gobierno del presidente Donald Trump.
La razón del hecho es haber deportado migrantes a El Salvador en contra de una orden judicial expresa. Sin embargo, el conflicto se originó tras la aplicación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra invocada para expulsar a cientos de migrantes.
Las deportaciones ocurrieron principalmente a venezolanos, acusados por la Casa Blanca de formar parte del grupo Tren de Aragua. Sin embargo, Boasberg ordenó frenar las deportaciones, los vuelos ya habían despegado y, pese a la orden verbal de regresar, las aeronaves aterrizaron en territorio salvadoreño.
El debate sobre el destino final de los deportados: la sorpresa en el destino
Los aviones que Trump se negó a hacer regresar transportaban a más de 200 migrantes hacia el CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, que tiene denuncias de abusos a los derechos humanos. En el caso de El Salvador, Boasberg fue tajante ya que no permitirá que el gobierno ignore sus órdenes de un tribunal federal puedan ser desobedecidas sin consecuencias.
Si bien el acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no se hizo público, se sabe que incluye un pago de seis millones de dólares anuales de Washington para mantener ese sistema carcelario. El juez Boasberg calificó la acción del Ejecutivo como un “intento deliberado de eludir el alcance de la justicia”.
En este sentido, incluso advirtió que podría designar a un fiscal independiente, y organismos internacionales como Human Rights Watch denunciaron el traslado como una “desaparición forzada” (Sheinbaum envía carta diplomática), argumentando que muchos de los migrantes no tenían antecedentes penales ni relación demostrada con pandillas.
La herramienta que quiere usar Trump del siglo XVIII
El pasado 14 de marzo, el líder republicano activó esta vieja legislación alegando que Estados Unidos enfrentaba una “invasión criminal” encabezada por organizaciones como Tren de Aragua y MS-13. En menos de 24 días, su administración comenzó las deportaciones.
Esa misma noche, Boasberg emitió la orden de detenerlas y devolver los vuelos. Pero días después la Corte Suprema anuló temporalmente la decisión del juez al considerar que los recursos debieron presentarse como habeas corpus, el juez argumentó que eso no elimina la obligación del Ejecutivo de obedecer su fallo original.
A su juicio, el gobierno actuó con “desprecio intencional” hacia la autoridad judicial, para el juez esto representa una violación directa a la Constitución. Además, el funcionario aclaró que el cumplimiento de su mandato no requería liberar a los migrantes ni trasladarlos a sus países de origen.
Presión desde la Casa Blanca: la respuesta política a la situación de los migrantes
El propio presidente sugirió que el juez Boasberg debería ser destituido, desatando una polémica que incluso llevó al presidente de la Corte Suprema, John Robers, a invertir. Sin embargo, recordó públicamente que la destitución no es una respuesta apropiada a lo judicial.
Hasta el momento, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, defendió las acciones del mandatario afirmando que “el presidente está 100% comprometido con impedir que migrantes ilegales y terroristas pongan en peligro a los estadounidenses”.
Otros funcionarios han atacado abiertamente a los jueces, acusándolos de invadir atribuciones del Ejecutivo (entérate el motivo por que México debe tener cuidado). Sin embargo, hasta ahora ninguna explicación oficial cumplió con los requerimientos de Boasberg ni detuvo el proceso de desacato en curso. Para la administración republicana, las decisiones judiciales están entorpeciendo las medidas de seguridad nacional.
