El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió con firmeza al requerimiento de la Corte Internacional de Justicia, manifestando su total desacuerdo con la solicitud de detener la organización de elecciones en el territorio del Esequibo, área actualmente en disputa con la vecina Guyana. A pesar de la petición del tribunal internacional, Venezuela mantiene sus planes de llevar a cabo dichas elecciones el 25 de mayo.
Injerencia de la CIJ es un abuso sobre el pueblo de Venezuela
En una declaración oficial, la administración liderada por Maduro criticó severamente las medidas provisionales impulsadas por Guyana ante el organismo judicial de las Naciones Unidas, el cual previamente se había declarado con jurisdicción para emitir juicios sobre la disputa territorial, y que posteriormente fue ignorada por el gobierno venezolano.
En ese sentido, Nicolás Maduro describió como una injerencia indebida y un abuso, al dirigirse específicamente contra el proceso electoral venezolano destinado a la selección de autoridades regionales, haciendo alusión además al referendo consultivo donde según las cifras oficiales cerca de 10 millones de venezolanos se pronunciaron a favor de que el Esequibo formara parte de su territorio.
Guayana Esequiba, es la denominación que Venezuela utiliza para referirse a lo que considera su vigésimo cuarto estado. El gobierno venezolano subrayó que su postura histórica se mantiene inalterable: no ha reconocido ni reconocerá en el futuro la jurisdicción de la CIJ en este asunto, por lo tanto, no acatará ninguna decisión que el tribunal emita con el objetivo de resolver la controversia territorial existente sobre el Esequibo.
El descubrimiento de reservas de petróleo en la región intensificó la disputa por el Esequibo
La controversia sobre el Esequibo se agudizó tras el hallazgo de depósitos de petróleo en esa zona. Frente a esto, el gobierno de Maduro expresó su desacuerdo, reafirmando que el Esequibo es una parte inalienable del territorio venezolano y demandó al gobierno de Guyana que cese de postergar las negociaciones directas y cumpla estrictamente el Acuerdo de Ginebra.
Esta es la segunda ocasión en que la CIJ emite medidas cautelares para detener las acciones del Gobierno de Venezuela sobre el Esequibo, una zona selvática de 160.000 kilómetros cuadrados. Previamente, el 1 de diciembre de 2023, el tribunal había ordenado a Venezuela abstenerse de cualquier acción que alterara el statu quo en el territorio en disputa. Esta situación se consideró el inicio de una posible crisis regional.
La crisis de 2023 llevó a Brasil y a la Caricom a intervenir como mediadores urgentes entre los presidentes, organizando un encuentro en San Vicente y Granadinas ese mismo año. No obstante, los gobiernos de Maduro e Irfaan Ali se mantienen firmes en sus posiciones de irrenunciabilidad al territorio Esequibo, agravando el conflicto y sosteniendo la disputa sin acatar a los organismos internacionales.
Los preparativos para las elecciones se han llevado a cabo con gran reserva por parte del Consejo Nacional Electoral
A pesar de que las autoridades designadas por Nicolás Maduro para el Esequibo han estado operando desde Tumeremo, una localidad minera en el sureste de Venezuela cercana a la frontera, la ley venezolana sanciona con inhabilitación política a quienes adopten posturas que favorezcan las reclamaciones de Guyana. Por lo que se ha establecido la selección de un gobernador el próximo 25 de mayo.
La preparación para las elecciones que se celebraran en apenas dos semanas se ha mantenido bajo reserva por el CNE. La campaña inició, pero detalles clave como el registro de votantes y los centros de votación permanecen sin clarificar. Cuatro candidatos compiten por la gobernación de Guayana Esequiba, resaltado por el oficialismo el almirante Neil Villamizar y por otro lado Julio Cesar Pineda por la coalición UNT-Única por la oposición.
A las tensiones se le añadió la movilización de un buque militar venezolano en marzo por aguas no delimitadas donde Venezuela explora petróleo desde hace más de una década. Además, Maduro acusa al país vecino de colaborar con Exxon Mobile para que la administración Trump endureciera las sanciones petroleras contra Venezuela y revocara la licencia de Chevron para operar con PDVSA.
