Desde que asumió el pasado 20 de enero, el gobierno de Donald Trump intensificó su trabajo a la hora de poner un freno contra la inmigración y desarrolló una batalla legal en la Corte Suprema. Sin embargo, el presidente solicitó a los jueces que reduzcan el bloqueo impuesto por tribunales federales a su decreto que busca restringir la ciudadanía por nacimiento y esto podría despertar polémica.
Al tener este decreto firmado el mismo día en que Trump asumió su segundo mandato, se ordena que las agencias federales deben desconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Esta medida estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue detenida por fallos judiciales en distintos estados.
Por otro lado, el Departamento de Justicia dio a conocer que los tribunales individuales no tienen la autoridad para emitir fallos de aplicación nacional. Con esta apelación, la administración busca que, al menos de manera parcial, se permita implementar la orden mientras se resuelven las disputas legales.
La cláusula de la 14ª Enmienda en el centro del debate
Para ponernos en contexto en lo que concierne a este conflicto, es la interpretación de la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que marca que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país. Sin embargo, desde hace décadas, esta parte fue interpretada como un derecho absoluto.
De todas formas, el actual gobierno sostiene que no debería aplicarse a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal (Trump promete gravar licores europeos, con gran aumento). Esto hizo que algunos fiscales generales de estados con gobierno demócrata, junto a organizaciones de derechos humanos, presentaran algunas demandas, señalando que el decreto de Trump es inconstitucional.
También advierten que su aplicación podría generar una crisis legal y social, al dejar a miles de niños sin nacionalidad reconocida, y los defensores de la medida sostienen que la cláusula constitucional fue malinterpretada durante años y que la ciudadanía automática incentiva la migración irregular porque sostienen que al limitarla, la transforman en necesaria para restaurar la soberanía del país.
La posible decisión de la Corte Suprema ante el pedido de Trump
Cabe mencionar que el Tribunal Supremo, cuenta con una mayoría de 6-3 y se enfrenta a una decisión que podría redefinir el concepto de ciudadanía en Estados Unidos, porque tres de los jueces fueron designados por Trump en su anterior mandato y esto podría favorecer su postura en la corte. El gobierno busca que, mientras se resuelva el caso, se permita aplicar la orden ejecutiva a todos los ciudadanos excepto a los demandantes iniciales.
En otro punto, solicitaron que se le permita informar cómo planea implementar la medida en caso de que finalmente reciba el aval del Tribunal Supremo. De todas formas, los fallos recientes de las cortes de apelaciones rechazaron la solicitud de Trump, dando a entender que su orden viola principios constitucionales. Sin embargo, la decisión final recae en la Corte Suprema, que podría sentar un precedente histórico en materia de inmigración y derechos civiles.
En contexto, si la Corte Suprema respalda la medida de Trump, miles de niños nacidos en EE.UU, podrían quedar en un limbo legal, sin acceso a derechos y servicios esenciales (Estados Unidos informa un dato clave que cambia el panorama del país). En ese sentido, la determinación podría abrir la puerta a futuras restricciones sobre la ciudadanía y los derechos de los inmigrantes en el país. Pero si se rechaza la orden, se reforzaría el principio de ciudadanía por nacimiento y se enviaría un mensaje sobre la vigencia de la 14ª Enmienda.