El informe sobre corrupción presentado por Transparencia Internacional, sostiene que la incidencia de esta sobre la crisis climática es alarmante. Desde la «corrupción climática» asociada al desvío de fondos destinados a la mitigación del cambio climático hasta la comisión de delitos ambientales, son parte de las cifras. Datos que ya son percibidos por los organismos y fuentes de información del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Países vulnerables a la crisis climática tienen mayor corrupción
El IPC presenta la percepción de los actores privados y organismos multilaterales sobre la corrupción del sector público en 180 países, con una puntuación que va de 0 a 100 puntos, siendo 100 los países más limpios. En ese sentido, el informe de 2024, emitido el 11 de febrero muestra cifras preocupantes en cuanto a que sólo 56 países donde se realiza la medición alcanzaron una puntuación superior a 50.
Adicionalmente, los países más vulnerables ante la crisis climática son los que están en los puestos más bajos del ranking. Un ejemplo claro de ello son los países como Sudáfrica, Sudán o Indonesia, donde los fondos destinados a atender los efectos del cambio climático, son desviados debido a la falta de salvaguardas que los protejan.
Otro de los aspectos resaltantes señalados por Transparencia Internacional es que los países con mayor corrupción tienen restricciones de participación para la población, con lo cual se dificulta diseñar políticas orientadas a combatir la crisis climática.
Igualmente, el informe muestra que la relación entre crisis climática y corrupción no es unidireccional y puede presentarse en países desarrollados y subdesarrollados. En ese sentido, señala los casos de países productores de combustibles fósiles, que ahondan su dependencia de estos y a su vez vienen descendiendo en los puestos del IPC, como por ejemplo Venezuela.
Así mismo, México, que ha disminuido 5 puestos en su ranking, es uno de los países que vive cada día más los efectos de la crisis climática. Con elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades más importantes del país, sin que se expongan políticas claras de ayuda a las poblaciones afectadas, mitigación de los riesgos del cambio climático o reducción de las causas de los problemas ambientales.
Otro dato relevante presentado en el informe es que los asesinatos a defensores ambientales ocurren en su mayoría en los países cuya puntuación del IPC se encuentra por debajo de 50. Ocasionando que el riesgo para las personas dedicadas a la lucha contra la crisis climática sea superior en los países más corruptos, en ellos se encuentran más expuestos a violencia, sobornos, entre otros.
Corrupción estimula los delitos ambientales en América
La puntuación del continente americano en el IPC se encuentra en 42/100 un punto por debajo de la media mundial de 43 puntos. Esto quiere decir que América es percibida com un continente donde abunda la corrupción. De esta manera, los efectos no se hacen esperar y esta es una región donde la impunidad, el nepotismo, el soborno y la violaciones a los derechos humanos representan la cotidianidad.
Adicionalmente, la crisis climática no se encuentra en la agenda de sus gobernantes como un aspecto importante. Esto hace que se fomenten los delitos ambientales, como la minería ilegal, la tala indiscriminada, el tráfico de flora y fauna silvestres, entre otros, lo cual pone de manifiesto la facilidad de operación del crimen organizado y la impunidad con la que es tratado en estos países.
El infome de Transparencia Internacional indica que el 80% de los asesinatos de activistas contra la crisis climática y defensores del ambiente se dan en América Latina, especificamente concentrados en Brasil, Colombia y México. Donde estas personas procuran dejar al descubierto el papel de las empresas privadas, políticos y gobiernos en los delitos ambientales asociados a redes de corrupción y crimen organizado.
De esta manera, el informe hace la acotación de que manejar un discurso de sostenibilidad no es suficiente. Es necesario abordar los problemas de corrupción y «construir sociedades pacíficas, resilientes y sostenibles». Donde el ambiente, las personas y la sociedad en su conjunto sean el centro de las políticas públicas.