México esconde bajo su territorio un recurso que podría cambiar su futuro energético, pero a su vez arruinarlo si se decide explotarlo sin la debida cautela. A lo largo del siglo XX, el país estudió su potencial, lo nacionalizó y creó organismos estatales para su gestión todavía a día de hoy, ese recurso permanece sin usarse pero en este contexto podría despertar dudas debido a la visión que tiene el gobierno con respecto a su manejo.
El mineral oculto bajo el suelo mexicano
Desde 1945, este mineral fue clasificado como reserva nacional estratégica por la Secretaría de Economía, por ese motivo el Estado mexicano prohibió su explotación por privados y fundó instituciones como la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) y, luego, Uranio Mexicano (Uramex) para estudiar y controlar el recurso.
Bajo este aspecto importante se puede determinar que los estudios geológicos encontraron yacimientos en seis estados: Chihuahua, Sonora, Durango, Oaxaca, Nuevo León y Baja California Sur. Así fue como la cifra total estimada por URAMEX fue de 162,491 toneladas de óxido de uranio (U3O8), más que nada concentradas en la Sierra Peña Blanca, la Sierra de Aconchi y la Cuenca de Burgos.
Cabe mencionar que durante los años 70 y 80, se intentó desarrollar una industria nacional para energía nuclear. Sin embargo, la falta de infraestructura, presupuesto y capacitación técnica frenó el proyecto. Ante esto se vio como, el uranio mexicano quedó enterrado tanto física como políticamente.
Los riesgos ante posibles accidentes nucleares
En las últimas décadas, los accidentes nucleares y los impactos de la minería de uranio brindaron preocupación internacional, pese a esto aunque este mineral puede generar electricidad sin emitir carbono, su extracción produce residuos radiactivos que afectan al ambiente durante miles de años.
Estos desechos contaminan aguas subterráneas, suelos y aire, además, la exposición prolongada al uranio o sus partículas se vincularon con cáncer, fallos respiratorios y daños genéticos. Según estudios previos, muchos trabajadores en minas de Estados Unidos sufrieron consecuencias mortales por la falta de protección adecuada.
De todas formas, México no es ajeno a estos riesgos pero la apertura de minas en zonas rurales podría provocar conflictos sociales por la tenencia de tierras, el uso del agua y la contaminación ambiental.
Lecciones del pasado y caminos alternativos: el Servicio Geológico Mexicano
Según lo identificado por el Servicio Geológico Mexicano, las reservas evaluadas por URAMEX ascienden a 162 491 toneladas de U3O8, lo que hace que al abrir ese potencial sin una política sólida y transparente podría tener efectos devastadores. Una mala gestión no solo afectaría a comunidades, sino que comprometería la salud pública.
A día de hoy el mundo exige energías limpias, pero eso no justifica regresar a un recurso de alto riesgo como el uranio. El abandono del uranio durante el sexenio de Miguel de la Madrid marcó un viraje hacia otras fuentes energéticas: hidroeléctrica, térmica y geotérmica.
México podría aprovechar la experiencia fallida con el litio, tras nacionalizarlo en 2022, la explotación no despegó, y recientemente se abrió la puerta a la inversión privada ante la incapacidad estatal. El caso de Bolivia refuerza esa lección: nacionalizar sin infraestructura ni socios técnicos no garantiza resultados.
La energía solar, eólica y geotérmica no solo son más seguras, también son sostenibles. México tiene condiciones geográficas ideales para liderar en este tipo de fuentes, siguiendo con estos lineamientos retomar el uranio sería apostar por una vía peligrosa, ambientalmente costosa y socialmente riesgosa, pese a todo lo mencionado la mina existe, es legalmente del Estado y su valor se incrementa con cada crisis energética global. Pero su explotación también puede abrir una puerta que luego no pueda cerrarse. México tiene una elección entre el pasado y el futuro.