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Casi 50 millones de toneladas de residuos electrónicos se generaron en el mundo en 2018, según estimaciones del Fondo Económico Mundial. El futuro es más abrumador: en 2050 llegaremos a 120 millones de toneladas. Solo en Europa, cada habitante produce 17,7 kg por año. Hablamos de todos esos móviles, ordenadores, televisiones, frigoríficos y coches que ya no queremos. ¿Su paradero? Grandes llanuras yermas ubicadas en las zonas más pobres del mundo. Junto a un viejo coche destrozado, vestido con camiseta, vaqueros y chanclas, despedaza con una vara de metal un microondas que ya no se puede reparar. Quiere los metales que lo componen para venderlos en el mercado de segunda mano. No muy lejos, sin guantes ni gafas que le protejan, otro muchacho quema cables de televisores y placas base de ordenadores para fundir el plástico y rescatar el cobre y aluminio que pueda. Es un día normal en Agbogbloshie, un barrio de Accra (capital de Ghana), que se ha convertido en el mayor vertedero de basura electrónica de África y en uno de los principales del mundo. Aquí, desmontar significa destrozar a golpes los aparatos, y reciclar, quemar plásticos o disolver microchips en ácido. A través del puerto de Tema, contenedores etiquetados como material de segunda mano procedentes de Europa Occidental, Norteamérica, Australia, China y Japón entran rumbo a lo que antaño fuera la laguna Korle cargados realmente con residuos electrónicos. La cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que generamos crece vertiginosamente. El Foro Económico Mundial estima que la suma global generada en 2018 alcanzó los 48,5 millones de toneladas (el equivalente a unas 4.500 torres Eiffel), cantidad que valora en unos 55.000 millones de euros. ¿Lo más desmoralizador del asunto? Solo el 20% se recicló debidamente. Es decir, casi 40 millones de toneladas terminaron en vertederos como el de Agbogbloshie, donde el tratamiento irresponsable de la basura tecnológica provoca daños irreparables en la salud de las personas y en el medio ambiente. Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de basura electrónica y el único país desarrollado que no ha ratificado la Convención de Basilea Por inverosímil que parezca, existe un acuerdo internacional, la Convención de Basilea de Naciones Unidas, que regula el tránsito de desechos peligrosos entre países y prohíbe que los Estados desarrollados envíen estos residuos a países en vías de desarrollo, porque no cuentan con las infraestructuras necesarias para una correcta gestión de reciclaje. Pero esta Convención no es efectiva y los residuos tecnológicos siguen inundando países como Ghana, Nigeria o India. Según Salomé Stähli, responsable de Programas de e-Stewards Initiative, un estándar de residuos de aparatos electrónicos creado por la organización Basel Action Network (BAN, por sus siglas en inglés), hay cuatro motivos fundamentales para que se produzcan estas exportaciones. Primero, «bajo la Convención de Basilea las exportaciones quedan reguladas (previo consentimiento), pero no prohibidas», por lo que cada país termina decidiendo si importa o no esta basura. Segundo, «reforzar tratados internacionales o convenciones como esta es complicado, porque no existe una corte internacional que los regule y al final depende de los Estados el que se refuercen dichos acuerdos». Por eso, países con leyes laxas, bajo grado de cumplimiento legal o alto grado de corrupción son caldo de cultivo para que se produzcan importaciones y exportaciones ilegales. Tercero, «Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de basura electrónica y el único país desarrollado que no ha ratificado la Convención», que también establece que los países signatarios no pueden importar de países no signatarios (como EE. UU.). Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense permite la exportación de RAEE, lo que facilita que su basura electrónica termine en estos países. Por último, «la Unión Europea [signataria del acuerdo y donde las exportaciones son ilegales] y otras potencias desarrolladas están intentando fomentar ciertos vacíos legales, ya que la Convención no aplica a los equipos electrónicos funcionales, solo a la basura electrónica». El problema, continúa, es que «nunca se ha llegado a definir exactamente qué es basura electrónica y, en el momento en que un dispositivo puede repararse, técnicamente, ya no es basura». Pero el rizo se riza más, porque, por un lado, cualquier equipo usado es susceptible de ser reparado y evitar así los controles de desechos y, por otro, hasta las reparaciones legítimas implican la existencia de partes que no pueden repararse y que por definición serían residuos. Una ambigüedad que deja la puerta abierta a excepciones legales y hace que muchos exportadores «aleguen que el material no es residuo, porque se puede reparar y reutilizar», explica Jim Pickett, director general de BAN. Dado que cada país cuenta con leyes diferentes, aquellos como Ghana aceptan los contenedores etiquetados como material de segunda mano que luego venden en el mercado local o desguazan para rescatar las materias primas. «Hay mucho dinero en juego en el reciclaje directo de basura electrónica tal y como se lleva a cabo en estos países», afirma Pickett. La importación y exportación de RAEE es una actividad a nivel global que requiere el «establecimiento de medidas encaminadas a eliminar el incentivo económico del tráfico ilegal de residuos», opina Alberto Castilla, director de Reputación y RSC de la consultora EY en España. Desde el punto de vista regulatorio, «urge clarificar si hablamos de residuos o de materias primas que llegan a estos países porque hay plantas de tratamiento que permiten separar los componentes y volverlos a reusar en un proceso de economía circular». Esta oquedad reglamentaria ha llevado a la organización BAN a redactar una enmienda a la Convención de Basilea que prohíbe las exportaciones de mercancías peligrosas a países en vías de desarrollo, incluida la basura electrónica. «Todos estos países deben prohibir la importación de este tipo de residuos, igual que ha hecho China», defiende Pickett. El gigante asiático empezó a vetar distintos tipos de desechos en 2017 y ahora solo acepta aquellos residuos sólidos que no contengan materiales tóxicos y contaminantes y que puedan ser tratados como mercancías. Ghana, por ejemplo, no los ha prohibido. Observando la desolada llanura de Agbogbloshie se deducen las consecuencias. El informe Agujeros en la economía circular: Fugas en los residuos electrónicos de Europa, redactado por la BAN y en el que ha participado Fundación Equo, denuncia que al menos 10 países europeos (lo que cubre su estudio), entre los que se encuentra España, exportaron de forma ilegal más de 350.000 toneladas de residuos de RAEE en 2017. El Fondo Monetario Internacional va más allá y en su informe Una nueva visión circular de los dispositivos electrónicos estima que la UE exporta más de un millón de toneladas de residuos electrónicos anuales de manera ilegal. Es la reflejo de una sociedad de consumo en la que cada europeo genera 17,7 kg de RAEE al año. Cada estadounidense, 20 kg. Cada africano, 1,7 kg. Siendo realistas y, «aunque la reducción y la prevención ha de ser una de las prioridades en materia de gestión de residuos, debemos poner el foco en qué hacemos con los residuos que generamos», señala Rafael Serrano, director de Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación de Fundación Ecolec, entidad que promueve la correcta gestión de RAEE en España y que en 2018 gestionó casi el 45% del total recogido, recuperando el 85% de los materiales recabados. «Hemos de aplicarnos en transformar el modelo económico lineal por uno circular, aprovechando los recursos que contienen los residuos». El tsunami de basura electrónica representa una mina urbana sin precedentes. Reciclar de manera correcta y responsable un millón de móviles permite recuperar hasta 20.000 libras de cobre, 550 de plata o 50 de oro. «Hay que innovar en los sistemas de recuperación de esos valiosos materiales», opina el directivo de EY. «El liderazgo pasa por la regulación y el control, así como por el diseño y los métodos de producción para minimizar el residuo». El diseño es un elemento capital a la hora de determinar lo fácil o difícil que va a ser gestionar ese desperdicio. «Hay que diseñar pensando cómo ese producto puede convertirse en materia prima y usarse de nuevo para fabricar nuevos artículos», añade. El reciclaje de una tonelada de teléfonos móviles, excluyendo la batería, evita la emisión de más de 8 toneladas de CO2 Para el director ejecutivo de BAN, en cambio, los productos electrónicos no están diseñados para que se puedan actualizar o tener una vida larga. Tiene claro que, desde hace una década, «la industria es capaz de lograr que todos los dispositivos sean libres de tóxicos, pero no se preocupa demasiado como para hacerlo». Y va más lejos. «Ciertos productos tienden a crearse para que no puedan ser reparados. Las baterías de los smartphones y tabletas están pegados», de manera que no pueden despegarse, repararse y volverse a poner. La órbita de la economía circular se diluye. La gestión responsable de RAEE es de vital importancia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tratarlos correctamente ayudaría a mejorar la salud y el bienestar de las personas, a tener agua limpia y saneamiento, a impulsar el empleo digno y el crecimiento económico creando nuevos puestos de trabajo, a construir ciudades y comunidades sostenibles, a fomentar el consumo y la producción responsables y a preservar la vida marina. Según la Federación Española de Recuperación y Reciclaje (FER), en 2017 se pusieron 582.438 toneladas de RAEE en el mercado, de las cuales se recogieron 247.000 toneladas. Alicia García-Franco, su directora general, opina que se avanzaría mucho si la industria diera a conocer a los ciudadanos datos reveladores sobre las ventajas de reciclar AEE. «¿Sabías que el reciclaje de una tonelada de teléfonos móviles, excluyendo la batería, evita la emisión de más de 8 toneladas de CO₂? Una cantidad equivalente a las emisiones de un vehículo que recorriera tres veces la distancia entre Barcelona y Estocolmo». «Estamos en un momento donde la tecnología es fundamental para orientar los modelos de producción a las necesidades económicas, pero no puede perderse de vista el coste ecológico y humano», apunta Cristina Sánchez, directora ejecutiva en funciones de la Red Española del Pacto Mundial. «Reducir el uso de materiales, disminuir los residuos y encontrar a través de la innovación la manera de reciclar y reutilizar entronca con diferentes ODS a los que hay dar respuesta de forma urgente». Otra asignatura pendiente, señala el directivo de Ecolec, es «cambiar los hábitos de los consumidores y usuarios respecto al final de la vida útil de los AEE». Existe todavía un gran desconocimiento sobre los derechos y obligaciones de los consumidores en relación a los residuos electrónicos. «Por un lado, tenemos derecho a la recogida gratuita en la compraventa de un electrodoméstico, tanto en el momento de la adquisición como durante mínimo 30 días después de la compra; por otro, tenemos la obligación de canalizarlos a través de las vías establecidas para una correcta gestión: entrega separada al distribuidor o en los puntos limpios gestionados por las entidades locales», explica Serrano. Pero no es solo responsabilidad de consumidores y usuarios. Fabricantes, distribuidores, gestores del residuo, Gobiernos: todos desempeñan un rol a la hora de evitar que los RAEE acaben en vertederos ilegales. Alemania ha dado un paso más y se ha comprometido a ayudar al Gobierno de Ghana con 25 millones de euros para implantar modelos de gestión y reciclaje en todo el país, siendo Agbogbloshie el foco principal del proyecto. Mientras, miles de jóvenes recorren las calles de este basurero rescatando de entre la chatarra materiales que puedan vender y poniendo en peligro su vida y el entorno que les rodea. Fuente

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