Cada dólar que se destina a deportaciones es dinero que también podría utilizarse para salud, educación o vivienda.
Las proyecciones de gasto para hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos son muy altas y superan los presupuestos de muchos programas sociales.
Si llevamos esa enorme cantidad a una escala más cercana, podemos entender cuánto representaría por contribuyente durante los próximos años.
Pero la situación es bastante polémica y causa muchas dudas.
¿Es esta inversión lo que el país necesita ahora?
Cómo se distribuye el dinero entre contribuyentes de Estados Unidos según su participación territorial
El dinero no viene de un solo lugar.
Viene de una mezcla de leyes presupuestarias, acuerdos fiscales y fondos que se movieron de una partida a otra.
En total, son US$268 900 millones.
Para entender qué significa esta cantidad para la gente, los analistas del Economic Policy Institute calcularon cuánto representaría el gasto por contribuyente según la participación de cada territorio en los impuestos federales.
A nivel nacional, equivaldría a unos US$2358 por contribuyente. Pero esta cantidad varía según el lugar donde se viva.
En el Distrito de Columbia, el promedio sería de US$3930 por contribuyente.
En lugares como Connecticut, llegaría a US$3395, mientras que en Virginia Occidental sería de US$1297.
Esto no significa que cada persona vaya a recibir una factura por esa cantidad ni que se trate de un nuevo impuesto.
Es una estimación que permite entender cuánto representa el gasto proyectado según los impuestos federales aportados desde cada territorio.
Ese dinero también puede expresarse como alimentos, vivienda, docentes o cobertura médica
Más allá del dinero en sí, varios analistas destacan el costo de oportunidad que representan estos US$268 900 millones en términos de servicios públicos.
Un estudio del Economic Policy Institute muestra qué podría financiarse si esos fondos se destinaran a otros programas para ayudar a las familias.
Estos son algunos ejemplos:
Cupones de alimentos: dar ayuda alimentaria a través del programa SNAP a más de 118 millones de personas adicionales durante dos años y medio.
Cobertura médica: incluir a casi 12 millones de personas más en Medicaid.
Un techo seguro: pagar subsidios o viviendas públicas a más de 9,7 millones de hogares en todo el país.
Ver estos números abre una pregunta sobre las prioridades del gasto público: ¿cuánto destinar al control migratorio y cuánto a programas de alimentación, salud o vivienda?
Para qué se planea utilizar el dinero en los siguientes años
La mayor parte de los fondos aprobados por el Congress terminará en manos de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ampliar sus operaciones migratorias.
Si se considera el arresto, el tiempo en un centro de detención, el proceso legal y el boleto de avión, el costo ronda los US$18 000 por persona, según cifras del DHS.
Para reducir este gasto, el gobierno empezó a promover la salida voluntaria mediante aplicaciones móviles.
Ofrece vuelos gratuitos y un pago en efectivo de unos US$2600.
De acuerdo con el DHS, esto reduce el costo para el gobierno a unos US$5100 por persona.
Pero el debate no termina en cuánto cuesta cada deportación.
También está la discusión sobre qué ocurre cuando miles de trabajadores abandonan sectores como la agricultura, la construcción o la atención domiciliaria. Algunos análisis advierten que una reducción de trabajadores puede aumentar la presión sobre los costos, aunque existen otros factores que también influyen en los precios.
Al final del día, estos números muestran que el debate sobre la migración no se trata solo de fronteras.
También abre una discusión sobre cuánto dinero público se destina al control migratorio y qué otras necesidades podrían financiarse con esos mismos recursos.
¿Te ha servido este artículo?
Recibe cada semana lo que de verdad importa
Análisis de energía, clima y naturaleza en tu correo. Gratis y sin spam.
