La Junta de Calidad Ambiental del Estado de Pensilvania ha cambiado el Capítulo 122, por el que se dice que el Departamento de Protección Ambiental tiene la que obligación legal expresa para gestionar las delegaciones a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), así como la que obligación de poder aplicar e implementar los requerimientos de cualquier Plan Federal aplicable. La norma definitiva permite que el Departamento directamente regule las fuentes estacionarias existentes de contaminantes del aire a las que se deba aplicar, si es que no existe, un Plan Estatal de la EPA.
Fundamentos y necesidad de una enmienda normativa
La Ley de Aire Limpio exige que la EPA establezca reglas estrictas de emisión para fuentes estacionarias existentes que los estados deben luego hacer cumplir mediante planes para ello. Cuando un estado no presenta un plan completo y presentable en tiempo y forma, la EPA asume la autoridad para prescribir ese Plan Federal. Aunque el organismo federal da cumplimiento a esos planes inicialmente, el gobierno estatal puede solicitar posteriormente la adopción formal de nuevo para poder cumplir directamente con los requisitos de los propietarios y operadores.
Históricamente, el departamento solicitaba esas delegaciones invocando aparte la sección 122.3 como su principal base legal operativa. Pero en febrero de 2022, la EPA rechazó una solicitud de delegación de aplicación relativa a vertederos de residuos sólidos municipales alegando que esa sección no se ocupaba explícitamente de los Planes Federales de la Parte 62. Este rechazo administrativo evidenció un importante vacío legal que hizo que la Junta decidiera añadir la nueva sección 122.4 para cubrir ese vacío de autoridad de forma definitiva.
Ejecución y ventajas de la nueva autoridad
La incorporación de la sección 122.4 establece íntegramente y de forma referencial los criterios del Plan Federal emitido por la EPA en ausencia de un Plan Estatal. Dicha delegación de autoridad formal permite que el Departamento adopte el papel preponderante en la normalización ambiental de las instalaciones designadas en Pensilvania, garantizando así que los criterios federales tengan aplicación con un control estrictamente local.
Esta modificación otorga a los propietarios, operadores o habitantes la posibilidad de dirigirse directamente al Departamento del Estado para resolver interrogantes sobre el cumplimiento normativo, sin tener que recurrir a la agencia federal. Se elimina también la posibilidad de efectuar una inspección idéntica o incrementar la carga administrativa para la industria, puesto que solo es el Estado o la agencia federal la que hace valer los criterios de control de las emisiones y no ambos de manera simultánea.
Efectos económicos y proceso de adopción
La entrada en vigor de la normativa final no significa que las empresas tengan que afrontar gastos de cumplimentación, la elaboración de planes de asistencia, requerimientos adicionales, incluso administrativos o legislativos. En función de que el mecanismo tenga un carácter meramente administrativo, basado en una solicitud de delegación de un Plan Federal, la norma no afecta directamente a las emisiones de contaminantes atmosféricos que se establecen en la zona de calidad del aire. Las instalaciones seguirían siendo objeto de las normas de calidad del aire, pero bajo el control del organismo estatal.
El procedimiento para la aprobación de la norma tuvo un periodo de comentarios públicos de 69 días y tres audiencias públicas presenciales durante julio de 2025. Después de tener en cuenta los comentarios del público y de los comités legislativos, la Junta aprobó la norma el 9 de junio de 2026 y la Comisión Independiente de Revisión Regulatoria la aprobó el 16 de julio de 2026. Una vez aprobada formalmente, se enviará a la EPA una revisión del Plan de Implementación Estatal. La aplicación de esta norma completa la capacidad del Departamento de Protección Ambiental para gestionar programas de control de emisiones de fuentes fijas de carácter federal.
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