Un nuevo episodio electrizante se registró en el ámbito federal en torno a la tensión entre la protección de los recursos alimentarios y el progreso de la infraestructura energética. La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, inició una ofensiva contra políticas estatales del Estado de Nueva York, a fin de que se suspenda la rápida autorización de proyectos solares a gran escala en parcelas de algunas de las tierras de cultivo más productivas del país. Mediante una carta a la gobernadora Kathy Hochul, el gobierno central dejó claro que la pérdida de estas fértiles tierras de cultivo representa una amenaza para la seguridad alimentaria de la nación.
Divergencias técnicas en la clasificación de los suelos fértiles
Una de las puntas del reclamo se acopla a la forma en que Nueva York clasifica la calidad de sus tierras. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del Departamento de Agricultura (USDA) siempre ha sido la máxima autoridad en ciencia del suelo y ha establecido los criterios nacionales para determinar qué tierras son las de primera calidad para la producción sostenida de alimentos.
Pero las dependencias neoyorquinas han establecido sus propios criterios mediante la denominación Grupo de Suelos Minerales (MSG), que, según la denuncia del cuerpo federal, subestima de forma sistemática la cantidad de hectáreas fértiles que están en juego en el momento de aprobar la localización de una estructura para la producción energética.
En el reclamo se cita el caso del proyecto Mill Point Solar de la localidad de Glen para graficar. Aunque más del 82% de las tierras afectadas por el proyecto son de primera calidad o equivalentes según los criterios del USDA, solo un 11% entran en esa categoría según el criterio de Nueva York. Esta enorme divergencia técnica permite que suelos agronómicamente de altísimo rendimiento salgan de la producción y se dediquen a la actividad industrial.
El pasivo ambiental y el residuo tóxico de los paneles oriundos de países extranjeros
Más allá de la pérdida de terreno cultivado, la institucionalidad hizo eco de la necesidad de tener en cuenta la inminente avalancha de basura tecnológica ante la que el Estado sufriría una falta de planificación suficiente para gestionarla. Las previsiones de las instituciones oficiales estiman que, a nivel nacional, tendrían que gestionarse unos 1000 kilómetros cúbicos de paneles solares desechados hacia 2030.
Las previsiones actuales indican que menos de uno de cada diez equipos de un panel fotovoltaico de segunda mano es reciclado, quedando la enorme mayoría de los mismos en la cubeta del reciclaje de los residuos domésticos porque resulta extremadamente más barato enterrarlos que recuperar sus componentes.
La EPA precisó que los paneles desechados contienen metales pesados como el cadmio y el plomo, a menudo alcanzando niveles de toxicidad tan altos que los convierte en residuos peligrosos (y, por tanto, entierran su manejo bajo el sistema jurídico específico de la Ley de conservación y recuperación de recursos, conocida como RCRA).
Una advertencia por escrito de 30 días para que se rinda cuenta de la política estatal
Las agencias federales le dieron a la gobernadora Hochul un plazo de 30 días de forma severa para que explique y proporcione una completa documentación a la vista de la gravedad de los hechos denunciados.
La solicitud obliga a las oficinas de Nueva York a facilitar mapas, bases de datos de todas las instalaciones autorizadas desde su creación y las justificaciones científicas que aclaren las divergencias de sus criterios respecto a los parámetros de protección a los que obliga el USDA. Quieren saber qué tipo de garantías financieras (fianzas, fideicomisos, etc.) están exigiéndoles a los desarrolladores para garantizar que sean las empresas, y no la gente, las que asuman el costo del desmantelamiento futuro.