La secretaria del Departamento de Agricultura anunció que el gobierno pondrá en marcha una serie de medidas económicas para paliar el desabastecimiento de fertilizantes que golpea al campo y fue desencadenado a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz.
El impacto del conflicto en Irán
Tras el estallido de la guerra en Medio Oriente, el temor por la interrupción del suministro de crudo colapsó el mercado internacional y afectó a grandes y pequeñas economías alrededor del mundo. Pero no se trató de la única problemática, sino que la industria del GNL y la de los fertilizantes también vieron recortados sus insumos.
En el segundo caso, la situación se agravó al encontrarse distintos países en temporada de siembra, por lo que vieron condicionado el rendimiento de la cosecha futura. De inmediato, las especulaciones en torno a la reducción del porcentaje de alimentos disponibles pusieron en apuros a los gobiernos, que se vieron obligados a tomar medidas de acción.
Tal fue el caso de la gestión de Donald Trump que, de la mano de Brooke Rollins, dio tratamiento al reclamo de los agricultores. En concreto, la administración se mostró apresurada por detener la rápida escalada en el precio de los insumos, que, en marzo, llegaron a costar más del 15% que el mes anterior (The Hill).
Ante este escenario, la funcionaria ya había adelantado su compromiso con garantizar la seguridad alimentaria de los estadounidenses y las condiciones necesarias para llevar adelante la época de sembrado. Y, este lunes, confirmó la puesta en marcha de una estrategia para estabilizar al sector.
Según reveló, la semana pasada formó parte de la Mesa Redonda de Fertilizantes en la que intercambió ideas con líderes de la industria agrícola, quienes dejaron en claro que la problemática del costo de los químicos data de fechas previas al estallido de la guerra.
«Incluso antes del conflicto que ha causado volatilidad adicional, nuestros agricultores enfrentaron un aumento del 40% en los costos de los fertilizantes entre 2020 y 2024», afirmó. Dadas las circunstancias, el tratamiento de la crisis es de carácter «urgente», y suscita lineamientos concretos para facilitar la situación de los trabajadores del campo.
Las medidas del gobierno
Como resultado de las discusiones, Rollins detalló que esperan disminuir la presión sobre el sector aplicando una exención de 60 días de la Ley Jones, que permitirá expandir la producción de fertilizantes en todo el hemisferio y eliminar trabas burocráticas «para que el nitrógeno llegue a los agricultores en lugar de quedar retenido por mandatos innecesarios».
Hasta el momento, la legislación limitaba la circulación de mercancías a barcos de propiedad estadounidense, por lo que su puesta en pausa posibilitará que otros buques, con banderas extranjeras, también provean al mercado local de los productos requeridos.
Asimismo, la titular de Agricultura detalló los 3 puntos clave en los que se asentará el paquete de políticas provisorias, «para ofrecer un alivio real y duradero». En primer lugar, confirmó la intención del Estado de invertir en la fabricación nacional de fertilizantes, para asegurar la soberanía de insumos.
En segundo lugar, se refirió a la necesidad de «acelerar la innovación» para ofrecer a los agricultores «opciones tecnológicas más asequibles» que acompañen su labor. Por último, los dirigentes acordaron lanzar un plan de emergencia integral para garantizar el acceso a los fertilizantes «sin importar los desafíos que surjan». «No podremos solucionarlo de la noche a la mañana, pero el progreso está ocurriendo», subrayó.
¿Cómo se financiará el plan?
Al respecto, medios nacionales como Successful Farming hicieron eco del trascendido que indica que el gobierno estaría dispuesto a financiar las demandas del Departamento de Agricultura con los fondos recaudados a partir de la implementación de los aranceles de Trump, ampliamente criticados por la oposición y mandatarios extranjeros.