El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes volvió a pronunciarse acerca del papel central de la inteligencia artificial en el crecimiento económico de EE. UU. A tono con la agenda tecnológica de Donald Trump, el organismo defendió las inversiones en el sector como un factor clave para consolidar el dominio financiero y tecnológico, aunque destacó que la ampliación de la infraestructura de la IA debe costearse con fondos privados.
EE. UU. puja por vencer a China en la carrera tecnoeconómica
En la actualidad, los líderes políticos de las grandes potencias se enfrentan al desafío de consolidar su poder en el tablero geopolítico de la mano de los avances tecnológicos. La IA se convirtió en un recurso fundamental para dirigir sofisticadas estrategias de expansión energética y digital que permitan ganar terreno en ámbitos clave como el desarrollo espacial, la soberanía de datos y la seguridad nacional.
Desde esta perspectiva, la administración de Trump destinó un financiamiento millonario para la Misión Génesis, el megaproyecto que promete aprovechar el talento científico local para elevar las capacidades nacionales en materia de inteligencia artificial. En esta misma línea, el Comité de Energía y Comercio estadounidense ratificó su respaldo a la revolución de los sistemas automatizados.
A través de declaraciones proferidas por su presidente, Brett Guthrie (KY-02), el organismo comparó la aparición de la IA con el hito que significó para EE. UU. el despegue de la aviación de la mano de los hermanos Wright. Según el congresista, se trata de «una innovación incipiente que ya está marcando el futuro de la tecnología», y la nación que logre dominarla y adelantarse en sus descubrimientos «definirá el próximo siglo».
Ante este escenario, el legislador reiteró el compromiso del Congreso de «posicionar a EE. UU. como líder global», para lo cual promovió el impulso a los centros de datos, cuyo crecimiento se traduciría en beneficios económicos inminentes. En este sentido, el titular del comité dejó en claro que la regulación extrema de los proyectos del sector no es una vía alentadora para su expansión.
«Estamos atrapados en una carrera con China para innovar, no en una con Europa para regular», señaló, además de remarcar que «los riesgos de detener la construcción de infraestructura superan con creces sus costes». En comparación, Guthrie citó los planes de China, que definió inversiones por US$296 mil millones en los próximos 5 años «para crear una red nacional de centros de datos».
Una discusión puertas adentro: ¿quién costea la infraestructura de la IA?
En referencia a la resistencia de grupos comunitarios de todo el país a la instalación de los centros de datos en su región, el funcionario subrayó la responsabilidad de las big tech de ofrecer garantías financieras y ambientales que den confianza a la sociedad. «Deberían ser las empresas tecnológicas quienes asuman la factura de electricidad por los mayores costos, y no las familias», sugirió.
Con tal fin, el organismo trabaja en la elaboración de proyectos afines a la Ley de Protección al Contribuyente de Servicios Públicos, para asegurar que los trabajadores «no sean quienes paguen por la electricidad necesaria para alimentar esta nueva tecnología». Asimismo, señaló que las propuestas deben «justificar su presencia en cada comunidad», con la ampliación de la base impositiva local, nuevos empleos y garantías de protección de los recursos naturales.
«Quienes piden la prohibición total de la construcción de infraestructura de IA y de centros de datos no comprenden el momento en el que nos encontramos (…) Tal prohibición equivaldría a prohibir la construcción de ferrocarriles en plena Revolución Industrial», sentenció, zanjando la decisión determinante del organismo de acompañar los avances de la IA.
Propuesta legislativa para las empresas de IA
A modo de brújula para orientar las próximas acciones en el ámbito legislativo, el congresista sugirió que la clase política estadounidense debe articular esfuerzos con las corporaciones tecnológicas y ser capaz de ofrecerles «un acuerdo simple»: «Construyan aquí, contraten aquí, paguen sus propios costos y, a cambio, les garantizamos regulaciones predecibles, energía confiable y fuerza laboral capacitada», concluyó.
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