La Safeguards Act, presentada por Jerry Moran, John Boozman (republicanos), Chris Van Hollen y Michael Bennet (demócratas), que exige la inversión de los fondos recaudados a partir del cobro de impuestos en el reforzamiento del sistema de seguridad de los aeropuertos, llegó al Congreso y fue sancionada este martes.
Impulso bipartidista a la seguridad aeroportuaria
Mientras Estados Unidos cosecha disputas alrededor del mundo con sus incursiones militares, un grupo bipartidista de funcionarios abordó la discusión acerca de la calidad del sistema de seguridad que hoy vigila y protege los aeropuertos del país.
Bajo la sombra de la catástrofe del 11-S, las distintas gestiones que tomaron el mando de la Casa Blanca dieron continuidad a las políticas de protección, asentadas en medidas de control migratorio y de requisa en los puntos clave de ingreso a Estados Unidos, para reducir al mínimo el riesgo de que las amenazas pasen desapercibidas.
De cara a acontecimientos de primer nivel como la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, la clase política prestó particular atención a los recursos necesarios para ejecutar protocolos de seguridad masivos.
Con este espíritu, fue concebida la ley Safeguards o de Salvaguardia, que hoy obtuvo sanción en la Cámara de Senadores. La medida establecerá un nuevo mecanismo de redistribución de las tasas abonadas por cada pasajero, para su inversión en la modernización de las herramientas empleadas por la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte).
«La aprobación hoy por parte del comité de la Ley SAFEGUARDS es un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria y una mejor protección para los viajeros», expresó Moran, principal autor del proyecto. En este sentido, el dirigente aplaudió que las autoridades priorizaran el bienestar y la protección de los viajeros, en lugar de desviar los fondos para fines ajenos al ámbito aeronáutico.
«Esta legislación pone fin al desvío de ingresos de la Tasa de Seguridad del 11-S y permite que los aeropuertos tengan la oportunidad de obtener financiación para mejorar sus medidas de seguridad, lo cual apoyo firmemente», manifestó el director del Aeropuerto Regional de Manhattan, Brandon Keazer.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Como premisa fundamental, el proyecto exige que la suma del cobro de la tasa 11-S, que actualmente ronda los US$5,60, sea destinada a mejorar la seguridad de los aeropuertos. «Desde 2014, más de US$13 000 000 000 de las tarifas recaudadas se han desviado a usos no relacionados con la seguridad», denunció Moran.
En consecuencia, la TSA será la mayor beneficiada, al ampliar sus recursos financieros para garantizar que el servicio prestado en los 420 aeropuertos del país sea de primer nivel, y colabore con la erradicación de amenazas.
Como parte de la propuesta, la ley de salvaguardas contempla la asignación de US$400 000 000 para sistemas de detección de explosivos en el equipaje facturado (EDS) y una inversión total de US$650 000 000 para mejoras en la tecnología de los puntos de control y carriles de salida.
Asimismo, estipula que las transferencias serán controladas regularmente mediante informes expedidos al Congreso y a la Oficina del Inspector General (OIG). Al respecto, desde Airlines for America también aplaudieron la medida.
«Realizar inversiones inteligentes en sistemas de control de seguridad optimizará la eficiencia, garantizará la seguridad de los viajeros y fortalecerá aún más nuestro sistema de aviación», afirmó Nick Calio, director de la asociación.
Continúan los problemas en la TSA
Paralelamente, la crisis de la TSA continúa en proceso de resolución y aún se registran resabios del desorden que ocupó los pasillos de los principales aeropuertos durante marzo. Según CNN, los agentes afectados por el recorte al DHS recibieron finalmente sus pagos atrasados, aunque no dejan de denunciar el perjuicio económico causado, que se vio reflejado en la acumulación de deudas.