Estados Unidos está transformando las políticas en seguridad fronteriza con una nueva agenda económica tras la firma del presidente de una nueva ley. Se trata de una legislación denominada Secure America Act, que destina US$70 mil millones para operaciones en materia de seguridad migratoria, vigilancias en frontera y medidas de deportación hasta que se cumpla el período de Trump en 2029.
Financiamiento millonario para la seguridad fronteriza
Desde la campaña política de Trump, su agenda se centró en las políticas migratorias y seguridad fronteriza. Su lema es proteger las fronteras de Estados Unidos y evitar que la migración masiva y sin control se apodere del país, representando un riesgo para los ciudadanos.
De acuerdo con lo anunciado, la nueva ley en seguridad tiene por objetivo financiar las agencias en materia de seguridad y migración a fin de contar con los recursos suficientes para contratar personal, hacer entrenamientos, mejorar los equipos e infraestructuras, adquirir nuevas tecnologías y vigilancia constante.
En la relación con términos económicos, contempla cerca de US$38 mil millones para el ICE y US$26 mil millones para la Patrulla Fronteriza. Es una transformación del gasto público que reasigna gran cantidad del presupuesto federal para la seguridad y medidas migratorias.
Gasto público para mejorar la capacidad operativa en la frontera
Entre las implicaciones económicas más representativas con esta nueva ley, está que el gasto público federal se aumentará en materia de seguridad. Si bien la Casa Blanca asegura que la inversión ofrecerá nuevas fuentes de empleo a trabajadores y empresas relacionadas con logística, tecnología y equipos, también representa un nuevo gasto millonario para el presupuesto.
Bajo la inversión de US$70 mil millones, se aseguran de que la presencia en seguridad sea una constante por todo lo que resta del período de gobierno de Trump. Además, representa la mayor expansión a un organismo en materia de seguridad.
Los recursos que se inyecten servirán para preparar a los agentes y reducir las actividades ilegales en las zonas fronterizas, que atentan contra los intereses económicos de EE. UU., tal como actividades relacionadas con el tráfico de personas, narcotráfico y hechos delictivos con redes criminales.
No obstante, los opositores de esta medida afirman que el gasto público tan grande puede afectar al presupuesto en general. En su opinión, los recursos que se destinan a la seguridad en frontera son parte de un debate económico que duda si este gasto es beneficioso en el largo plazo o solo impide que se destine a otras áreas prioritarias.
Administración Trump sostiene beneficios económicos ante el aumento de medidas migratorias
Por parte de la administración Trump, defienden la nueva ley de seguridad como un fin a los juegos políticos de los demócratas, afirmando que la seguridad fronteriza es un tema prioritario en la realidad de EE. UU. Cabe destacar que la legislación estuvo en disputa sobre los mecanismos de supervisión sobre la asignación de recursos.
Más allá del debate político, es un cambio importante en el gasto público y la planeación del presupuesto nacional. A partir de ahora, las agencias en seguridad podrán fortalecer y diseñar medidas con mayor duración, así como operativos grandes de deportación.
A su vez, aseguran que es un beneficio económico desde el punto de vista laboral para miles de estadounidenses con nuevas fuentes de empleo. Según han expresado en reiteradas oportunidades diversos funcionarios de la administración Trump, los inmigrantes representan un riesgo financiero y tienden a disminuir los salarios en áreas como construcción y agricultura.
La seguridad fronteriza tendrá mayor presupuesto y recursos en Estados Unidos, por lo que la política migratoria se ha convertido en un aspecto relevante para las finanzas públicas, el mercado laboral y las prioridades económicas del país. Sus efectos económicos y resultados se verán en el largo plazo y todo dependerá de cómo se ejecuten los recursos.