Las decisiones sobre inmigración no solo dependen de leyes o decretos. También dependen del dinero disponible para ponerlas en práctica.
Y eso es precisamente lo que está generando debate en Washington.
Tras meses de negociaciones, una propuesta presupuestaria contempla decenas de miles de millones de dólares para las agencias responsables del control fronterizo y de la aplicación de las leyes migratorias.
El tamaño de los recursos ha llamado la atención tanto de quienes apoyan una aplicación más estricta de las leyes como de quienes reclaman mayores controles sobre la forma en que se utilizará ese dinero.
Para millones de inmigrantes, la discusión tiene consecuencias que podrían sentirse durante años.
El paquete contempla recursos para las principales agencias migratorias hasta 2029
La propuesta moviliza cerca de 70 000 millones de dólares vinculados con inmigración y seguridad fronteriza.
Más de 38.000 millones estarían destinados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recibiría alrededor de 26 000 millones y otra parte de los fondos quedaría bajo administración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
No se trata de una asignación para unos pocos meses.
La financiación se extendería hasta septiembre de 2029, lo que permitiría a las agencias mantener proyectos e inversiones durante varios años.
El volumen de recursos ha llevado a algunos analistas a señalar que podría tratarse de una de las mayores expansiones presupuestarias en materia migratoria de las últimas décadas.
Y, precisamente por el tamaño del paquete, la discusión no se ha limitado a las cifras.
La discusión también gira alrededor de los controles y la supervisión
Las diferencias entre defensores y críticos de la propuesta no se centran únicamente en cuánto dinero recibirán las agencias.
Una parte importante del debate tiene que ver con la supervisión.
Algunos especialistas y antiguos funcionarios consideran que un aumento presupuestario de esta magnitud debería ir acompañado de mayores mecanismos de transparencia y de más requisitos de información para el Congreso.
Entre los temas planteados aparecen las políticas de rendición de cuentas y las herramientas de supervisión sobre las operaciones de las agencias.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que los recursos adicionales son necesarios para reforzar la seguridad fronteriza y aplicar las leyes migratorias existentes.
Quienes cuestionan el proyecto creen que una expansión de esta magnitud debería ir acompañada de controles más estrictos.
Ese desacuerdo ha marcado buena parte de la discusión política alrededor del paquete.
Mientras tanto, muchas organizaciones que trabajan con inmigrantes siguen con atención el avance de la propuesta y sus posibles consecuencias.
Más presupuesto puede traducirse en más personal, más tecnología y más operaciones
Especialistas en política migratoria señalan que un aumento de recursos suele traducirse en una mayor capacidad operativa.
Eso puede incluir nuevas contrataciones, ampliación de instalaciones, inversiones en tecnología y más recursos para sostener operaciones durante varios años.
También podría aumentar la presión sobre ciudades y jurisdicciones que mantienen políticas diferentes respecto a la cooperación con las autoridades migratorias federales.
Para las comunidades inmigrantes, el impacto de estas decisiones va mucho más allá de las discusiones en el Capitolio.
Las órdenes ejecutivas y los cambios legales suelen acaparar los titulares, pero el presupuesto también determina el alcance de las políticas públicas.
Si finalmente se aprueba una financiación de este tamaño, las agencias dispondrán de recursos garantizados hasta 2029.
Y la atención probablemente se desplazará desde el debate sobre cuánto dinero recibirán hacia una pregunta distinta: cómo se utilizarán esos fondos y qué efectos tendrán en los próximos años.