La lucha contra el fraude continúa en Estados Unidos con enfoque en Medicaid, suspensiones millonarias en pagos y control de proveedores. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), las acciones para evitar que el sistema de salud sea apoderado por el fraude y la corrupción se han intensificado con la suspensión de casi US$260 millones en Minnesota y restricciones a prestadores de servicio en otros estados por actividad sospechosa.
Protección de fondos públicos en atención médica
La protección de fondos públicos en materia de salud es una prioridad para el gobierno de Trump. Ante los fraudes detectados en el programa Medicaid, han decidido dedicar su atención al control y vigilancia de proveedores, a fin de asegurar que los fondos sean usados de manera correcta.
El programa Medicaid se financia en conjunto con el gobierno federal y los estados para atender a millones de estadounidenses de bajos recursos que requieren atención médica de calidad. Por tanto, su integridad financiera debe ser transparente en atención a los usuarios.
En Minnesota, HHS ha suspendido cerca de US$260 millones en pagos irregulares o sospechosos que buscan aprovecharse del sistema para beneficio propio. Ante esta situación, las autoridades han tomado medidas de control estricto para evitar los fraudes en el desembolso de recursos.
Medidas impuestas para prevenir el fraude en todos sus niveles
Desde el inicio de la administración Trump, se le ha declarado la guerra al fraude, especialmente en servicios médicos que son de atención primaria para el público. Por este motivo, el HHS respalda todas las medidas y sanciones tomadas por el gobierno federal sobre posibles irregularidades con supervisión estricta.
Por ejemplo, en California se han impuesto restricciones a varios proveedores de cuidados paliativos y servicios de atención médica domiciliaria considerados de alto riesgo. Ante cualquier inconsistencia en la información o documentos, se considera sospechoso y debe pasar por una serie de controles más cuidadosos para retomar sus actividades en el programa Medicaid.
Las medidas no solo se enfocan en sancionar las actividades sospechosas; también son una manera de prevenir en el futuro cualquier intento de fraude que perjudique el fin de los programas federales. En los últimos años se han presentado denuncias con el abuso del sistema, lo que motiva a mayores controles y auditorías en el caso.
Si se encuentran irregularidades en facturación, servicios no prestados o por valores sobreestimados, uso indebido de fondos públicos o cualquier patrón sospechoso, el gobierno actuará de forma preventiva para la protección de los recursos federales.
La lucha contra el fraude es una prioridad para el gobierno, ya que no solo atenta contra la salud pública de los estadounidenses, sino que también implica un desembolso de ingresos federales desperdiciados y aprovechados por corruptos. Por tanto, se convierte en un tema que arriesga la economía a nivel nacional, así como los beneficios del programa en relación con la salud.
Refuerzo de sanciones y supervisión pública para la rendición de cuentas
Tanto el gobierno federal como HHS continuarán reforzando los controles de detección de fraude. Esto incluye el uso de análisis de datos avanzados, auditorías más frecuentes y una mayor coordinación con agencias estatales. De igual manera, se tomará en cuenta el monitoreo en tiempo real para detectar sospechas antes de que se conviertan en pérdidas de dinero.
Las acciones contra el fraude en Medicaid buscan evitar la pérdida de ingresos en el sistema de salud pública nacional. Tal como están en la mira las actividades financieras de inmigrantes indocumentados en el sector bancario, el sector de la salud también estará bajo el control y vigilancia constante. Como afirma la administración Trump, la guerra contra el fraude apenas comienza y la promoción será en transparencia con rendición de cuentas y supervisión constante.