En una época en la que la carencia del líquido golpea de manera determinante a muchas regiones del mundo, se acaba de dar por concluido un litigio histórico en EE. UU. Después de 13 años de pleitos judiciales, Texas y Nuevo México han llegado a un principio de acuerdo sobre un caso de la Corte que giraba estrictamente en torno a la gestión del agua. El convenio legal que ha surgido para el río Bravo obliga a Nuevo México a pagar casi US$150 millones a Texas. El fallo judicial de la Corte obliga a Nuevo México a imponerse severas limitaciones a la extracción tanto del agua proveniente de los pozos de uso privado como del caudal del río Bravo, lo que supone un cambio radical del paradigma aplicado en la gestión del agua en la región.
Los orígenes del extenso litigio y el nuevo pacto del agua
El conflicto tiene su origen en el año 2013, cuando Texas se decidió a presentar una demanda contra su estado vecino, Nuevo México. La cuestión central de la demanda afirmaba que la cantidad excesiva de agua subterránea extraída en terreno neomexicano estaba disminuyendo el grado de caudal natural del histórico río, amenazando seriamente los intereses agrícolas y el abastecimiento en Texas. Finalmente, el histórico fallo fue acordado por la Corte Suprema de Estados Unidos el mes de mayo.
El nuevo marco regulador indica que, por primera vez, se deberá realizar un conteo exhaustivo del flujo de agua correspondiente a las cantidades que deban enviar hacia Texas. Para determinar la cantidad de agua que adeuda Nuevo México a Texas anualmente, se deberá aplicar un método contable novedoso y estricto. Para satisfacer estas exigencias, Nuevo México deberá reducir el bombeo de aguas subterráneas en 18 200 acres-pie anuales en una década. Las autoridades estudian que el costo global del cumplimiento de estas exigencias del Estado superará los US$150 millones en inversiones y compensaciones.
El impacto directo sobre los agricultores y el involucramiento no obligado
Para el estado de Nuevo México, cumplir con la nueva ordenanza judicial representa un desafío verdaderamente monumental en el terreno. Por el momento, la estrategia principal del estado se basa en fomentar reducciones absolutamente voluntarias entre los grandes agricultores locales, particularmente aquellos que cultivan vegetales tradicionales y valiosas nueces pecanas en la cuenca del Bajo Río Grande.
El ambicioso plan del Estado prevé poder comprar el derecho de uso del agua a los productores agrícolas locales dispuestos a poder hacerlo, cerrar aquellos pozos privados, para hacer barbecho o descanso de estas tierras. Hoy, se está llevando a cabo un estudio económico exhaustivo para determinar cuál podría ser el justo precio de mercado para esos derechos. Esta es una realidad que suscita profundas preocupaciones para comunidades que van a depender completamente de la agricultura para conseguir un crecimiento en la economía local.
El reto persistente del cambio climático sobre la cuenca
Existe un gran miedo a que esas medidas iniciales no sirvan para cumplir a largo plazo con lo que la Corte ha determinado: el gran riesgo en esta ecuación es el creciente avance del cambio climático que sirve para aumentar la sequía persistente que se ha apoderado de la región desde el año 2002.
La escorrentía del deshielo de las montañas, la principal fuente de agua dulce de la cuenca, se ha reducido de forma dramática, llegando a un preocupante 17 % desde el año 2000.
El embalse Elephant Butte, fundamental para el riego de cultivos en el suroeste de Estados Unidos, se situaba en torno al 13 % de su capacidad total por la mitad del mes de mayo.
Los expertos prevén también un 25 % menos de agua para los próximos 50 años en Nuevo México.
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