El gobernador de Texas, Greg Abbott, impuso una normativa que exige a los centros de datos informar su consumo de agua y establece sanciones para las corporaciones que se nieguen a transparentar el costo hídrico que conllevan sus operaciones.
Abbott despliega un marco normativo para regular el impacto ambiental de la IA
El acelerado avance de la inteligencia artificial, y los desafíos económicos y ambientales que conlleva, obligó a las autoridades políticas a tomar cartas en el asunto y comenzar a trabajar en la confección de marcos regulatorios que establezcan límites al consumo energético e hídrico que se lleva a cabo para alimentar las operaciones ininterrumpidas de procesamiento de información.
En esta línea, el estado de Texas, que concentra 137 centros de datos en funcionamiento y 349 en construcción según Cleanview, se convirtió en pionero en materia de regulación de la infraestructura de IA, tras hacer pública la nueva normativa que establece, entre algunas de sus exigencias más importantes para desarrollar en el territorio, que las instalaciones cuenten con sistemas de autogeneración de energía, garanticen la reutilización del agua en sus sistemas de enfriamiento y se sometan a estrictas pruebas de revisión previas a aprobar su conexión a la red de ERCOT.
Lejos de desalentar la industria emergente, firmas de gran peso como Oracle, Equinix, Galaxy, Montera Infraestructura y Compass Datacenters manifestaron su disposición a ajustarse a los requisitos y aplaudieron la iniciativa estatal, orientada a prevenir que tanto la comunidad como los ecosistemas locales paguen el precio del progreso de los megaproyectos.
En una nueva maniobra, centrada en acentuar el monitoreo del uso del agua para el mantenimiento de las instalaciones, la oficina del gobernador de Texas ordenó hoy a la Junta de Desarrollo Hídrico (TWDB) «que obligue a los principales consumidores del suministro, incluidos los centros de datos, a cumplir con los requisitos de uso de agua y que imponga consecuencias legales por incumplimiento».
«El Código de Agua exige un estudio completo del uso del agua, por lo que ordeno a la Junta que utilice su autoridad para sancionar a quienes incumplan con la norma», afirmó al respecto Abbot, además de ratificar que «los centros de datos deben compartir la responsabilidad de proteger el agua de Texas».
La nueva exigencia: reportes obligatorios y aplicación de sanciones
Desde el despacho de Abbot argumentaron que necesitan acceder a datos concretos que reflejen el consumo real del agua, para respaldar medidas que cooperen con la protección del suministro. «La TWDB tiene la responsabilidad de desarrollar un plan estatal que satisfaga las necesidades de los texanos y no puede hacerlo si se le niega información detallada sobre el consumo actual y previsto», explicaron.
Bajo esta premisa, los desarrolladores de centros de datos tendrán la obligación de recibir la encuesta de la TWDB y completarla; de lo contrario, quedarán sujetos a penalizaciones. «Un centro de datos que no complete la encuesta cometerá una infracción punible como delito», puntualizaron. En consecuencia, «no podrá recibir permisos, enmiendas ni renovaciones de la TCEQ». Asimismo, los permisos aprobados podrán ser revocados y las solicitudes de conexión a la red de ERCOT, denegadas.
Como antecedente que respalda la decisión de endurecer las regulaciones, Abbot explicó que «existe una cantidad significativa de centros de datos de gran escala que operan en Texas que han omitido o ignorado las encuestas», por lo que la presentación de reportes pasará a ser tarea obligatoria para todas las empresas, sin excepción.
Medidas para proteger el aumento del consumo eléctrico
A inicios de agosto, Texas dio un paso fundamental para prevenir la saturación de sus redes eléctricas por el consumo de los centros de datos y evitar que el costo se traslade a las facturas de los usuarios: la gestión republicana ordenó que las instalaciones cuenten con medidas para reducir su carga en horas pico de consumo, y exigió que las compañías financien la construcción de sus propias fuentes energéticas para no sobrecargar el sistema estatal.
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