El presidente republicano ratificó su resistencia a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que deslegitimó su guerra comercial. Bajo la obligación de resarcir a los países y a las empresas que se vieron perjudicadas por la política arancelaria de su administración, Donald Trump remarcó la millonaria pérdida que representaría la operación para las arcas del Estado.
La decisión de la Corte Suprema
El pasado febrero, los miembros de la Corte Suprema estadounidense sorprendieron con la emisión del fallo que descalificó la guerra arancelaria iniciada por Trump. Desde su retorno al poder, el conservador se aferró al discurso nacionalista y a la consigna MAGA para desplegar una polémica jugada comercial que tuvo como principal objetivo la recuperación del control geopolítico.
En esta línea, la administración sembró la discordia al imponer sanciones arancelarias a determinadas naciones con las que mantuvo alguna disputa o diferencia, a las que obligó a abonar impuestos extra para la comercialización de sus productos en territorio norteamericano.
China, Canadá, Brasil e India fueron algunos de los países más perjudicados por la maniobra. Aunque, cabe destacar, los estadounidenses también se vieron obligados a pagar más por la compra de insumos y artículos traídos desde el extranjero, situación que puso en jaque a sectores industriales.
Tras analizar la medida, los magistrados concluyeron que la aplicación de la política económica no contó con respaldo constitucional, además de señalar que el presidente se atribuyó facultades exclusivas del Congreso, organismo que no fue consultado antes de la puesta en marcha de la estrategia impositiva.
En Estados Unidos, la conclusión de las autoridades judiciales fue celebrada por el ala opositora, que valoró el gesto como un límite para la voracidad del líder republicano. Por su parte, Trump descalificó el trabajo de los jueces, tildándolo de «ridículo y mal redactado».
Desde su punto de vista, criticó la decisión por su contenido «antiamericano», además de defender que el repunte de la economía nacional estuvo impulsado por el millonario ingreso que representó el cobro de impuestos a productos del exterior y los privilegios dados a marcas locales.
Trump advierte del perjuicio económico de la medida
Asimismo, los jueces dejaron en claro la obligación del gobierno republicano de reembolsar a las firmas afectadas, para resarcir el perjuicio ocasionado por la aplicación de los aranceles ilegales. En línea, la oposición, de la mano de Jeanne Shaheen, impulsó un proyecto de ley para aumentar la presión sobre Trump y asegurar la devolución de los altos montos.
Y, aunque ya se abrieron las vías para que los afectados realicen el reclamo y exijan su porcentaje, el primer mandatario volvió a mostrarse en contra de lo que considera una interpretación errónea de la ley norteamericana.
Esta tarde, mediante un mensaje posteado en sus redes sociales, reveló el costo total que representaría para la caja estatal acceder a reembolsar a los damnificados. Según sus cálculos, estimó que alrededor de US$159 000 000 000 se perderían en beneficio de «las personas y empresas que se han aprovechado de nuestro país durante décadas».
«Solo tenían que haber dicho una pequeña frase: «que Estados Unidos no tiene que devolver el dinero que ya se pagó», y nuestro país sería US$159 000 000 000 más rico», remarcó, señalando el error de omisión de los jueces. «Con solo media frase, nos habríamos ahorrado millones de dólares. ¿No podrían haber hecho eso por nuestra nación?», insistió.
Amenazas contra el Reino Unido
Pese a las advertencias de la Corte, Trump volvió a la carga con el juego arancelario y recientemente apuntó contra el Reino Unido. Informa CNBC que el líder político declaró ayer, desde su Despacho Oval, que analiza aplicar gravámenes al país, en respuesta a los impuestos que Londres impuso a las compañías tecnológicas.