México y Estados Unidos una vez más se enfrentan en una lucha por las instalaciones de la cantera de piedra caliza de Vulcan Materials, cuyos terrenos fueron declarados Área Natural Protegida (ANP).
Una disputa que lleva años en conflicto y sigue sin resolverse
El gobierno mexicano cerró las operaciones de extracción de piedra caliza de Vulcan en 2022, alegando que el trabajo causaba daños ambientales. Sin embargo, la empresa negó dicha afirmación, de hecho emitieron un comunicado diciendo que:
“La empresa cree firmemente que esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La empresa cuenta con los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales a su disposición para proteger sus derechos y reanudar sus operaciones normales”.
“La empresa ha extraído piedra caliza legalmente en México, en tierras de su propiedad, durante más de 30 años. Vulcan tiene derecho a mantener la plena propiedad de sus propiedades, posee las reservas de piedra caliza en las mismas y cumple y siempre ha cumplido con la legislación mexicana, incluidas las leyes y permisos que regulan nuestras operaciones desde las que prestamos servicios a nuestros clientes tanto en México como en el extranjero”.
Un conflicto que nunca acaba entre estas naciones, de hecho, Estados Unidos abre la mina que hará caer a México: 40 000 toneladas de un extraño color.
Antes de terminar su mandato, López Obrador declaró a este sector área natural protegida
A pocos días de terminar su mandato, el ex presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agregó otra complicación a la disputa en curso por la cantera de piedra caliza y el puerto de Vulcan Materials Co. cerca de Playa del Carmen cuando declaró que un área que incluye el sitio es un área natural protegida.
La declaratoria abarca más de 300 kilómetros cuadrados en Quintana Roo y prohíbe específicamente actividades que incluyan la extracción de materiales de construcción. En declaraciones a los periodistas, López Obrador calificó la extracción de grava de la zona como un desastre ecológico. “De ninguna manera vamos a permitir que destruyan nuestro territorio”, dijo.
La subsidiaria de Vulcan, SAC TUN, que operaba la instalación de 6 000 acres, dijo en un comunicado a principios del año 2024 que, siempre actuó de acuerdo con la ley mexicana y que fue más allá de los requisitos legales para minimizar su impacto ambiental. Afirmó que el gobierno de López Obrador quiere el sitio para fines turísticos.
La policía y los soldados mexicanos tomaron posesión de las instalaciones en marzo de 2023 en medio de una disputa entre Vulcan y el proveedor mexicano de cemento CEMEX por el uso del puerto. Vulcan expresó en ese momento que un contrato de arrendamiento que permitía a CEMEX utilizar el puerto había expirado y no había sido renovado.
La presidenta ratifica las medidas tomadas para asegurar lo que es de México
Por su parte, Sheinbaum destacó que el gobierno federal seguirá defendiendo su postura, pues considera que se trata de un tema que va más allá del ámbito comercial. De continuar creciendo el conflicto México-Estados Unidos, Sheinbaum propone ampliar el T-MEC a Latinoamérica frente a la amenaza de Trump de aranceles.
Según la presidenta, la empresa amplió sus operaciones más allá de su permiso original. Enfatizó que la decisión del gobierno de declarar la zona como ANP responde a supuestos daños ambientales causados por la empresa. Como resultado, se detuvieron las actividades mineras en la región, suspensión que sigue vigente.
Sheinbaum reafirmó la postura del gobierno y rechazó las afirmaciones de la compañía de que la declaratoria equivalía a una expropiación, aclarando que se basó en un decreto para proteger el medio ambiente. La presidenta señaló además que, el gobierno está comprometido con la defensa del decreto, afirmando que la protección del medio ambiente sigue siendo una prioridad máxima.